Capacidad negociadora de México genera certidumbre

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) aseguró que la capacidad negociadora de México es un activo que genera confianza en obtener buenos resultados para el país en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), lo cual contribuye a dar certidumbre a la inversión.

El órgano de análisis de la iniciativa privada del país reconoció que la poca claridad en la insistencia del gobierno estadounidense en cuanto a disminuir su déficit reduciendo el comercio, es una preocupación para el Gobierno mexicano.

Rumbo a la primera reunión el 16 de agosto próximo, señaló que el sector privado mexicano se ha preparado con una robusta estrategia de coordinación en la que, liderados por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), los diferentes sectores productivos del país podrán hacer frente a cualquier embate proveniente de la negociación.

Esto dijo, a través de los denominados Cuarto de Junto y el Cuarto de Inteligencia, los cuales tendrán la responsabilidad de apoyar al equipo negociador con la suficiente información, análisis, escenarios y propuestas concretas.

En su análisis Económico, Ejecutivo Semanal, el CEESP, precisó que de darse en tiempo la conclusión del TLCAN a principios del 2018, podría ser benéfico para nuestro país en el sentido de que su posible incidencia en el proceso electoral del próximo año sería reducida. Sin embargo, advirtió que no faltará la fracción política que pueda retomar aspectos positivos o negativos de la negociación para utilizarlos en sus campañas hacia la presidencia del país.

Menciono que Estados Unidos buscará que las negociaciones se inclinen hacia su beneficio, independientemente de lo que pase con los otros países miembros.

Costos

Emilio Illanes, especialista de la Universidad Iberoamericana, señaló que la probabilidad de que se imponga un arancel  a los vehículos que importe Estados Unidos desde México representa un elevado costo para los consumidores de ese país, ya que siete de cada 10 unidades provienen de armadoras mexicanas.

Esa estrategia para frenar las inversiones de las armadoras de origen estadounidense al país, es una política anticomercial y constituye una violación a los fundamentos del Tratado de Libre Comercio, consideró el analista.