¿De qué se trata y cómo va la Ley Televisa Döring?

 

IFT descarta controversia por derechos de audiencias


A la Ley de los Derechos de las Audiencias también se le ha llamado Ley Televisa Döring, en referencia al legislador panista, Federico Döring, que propuso estas reformas en 2011.

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¿De qué se trata?

Los concesionarios estaban obligados a diferenciar entre los contenidos noticiosos de las opiniones y la publicidad dentro de la programación.

Los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias prohibía transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa.

No obstante, una contrarreforma elimina esa obligación de los concesionarios a diferenciar con claridad la información noticiosa de las opiniones y la publicidad.

Aunque los cambios obligan a los concesionarios a abstenerse de transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa, los mecanismos para evitar que incurran en esta práctica se dejan a elección de los propios concesionarios, a través de sus Códigos de Ética, por lo que no estará  sujeto a la revisión de alguna autoridad.

El 26 de octubre de 2017 se aprobó la Ley Televisa Döring en comisiones del Senado.

¿Cómo va la Ley?

El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) resolvió, en sesión ordinaria, no interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de las modificaciones que realizaron los legisladores por las reformas a la Ley de los Derechos de las Audiencias.

Durante la discusión se consideró que no existían elementos porque la controversia constitucional es un medio de defensa para proteger la competencia constitucional de los órganos del Estado y, en el caso particular, la Constitución dispone que la definición de los derechos de los usuarios y de las audiencias son competencia del Congreso de la Unión, por lo que no habría afectación a la competencia constitucional del IFT.

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Las comisionadas María Elena Estavillo y Adriana Labardini propusieron la controversia constitucional, pero no alcanzaron la mayoría de los votos necesarios.

Asociaciones civiles recomendaron promover la controversia, porque consideran que el Congreso limitó las facultades del regulador para sancionar a las empresas que no cumplieran con los derechos de las audiencias.

Los legisladores aprobaron que las empresas de radio y tv podrán autorregularse para el cumplimiento de las mismas bajo un código de ética elaborado por las propias empresas.

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GG