El 10% de utilidades de empresas para sobornos

Frente al vencimiento del plazo para activar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, (CCE), Juan Pablo Castañón, urgió a los poderes Ejecutivo y Legislativo a que apoyen, de una vez por todas, su concretización ya que las empresas no pueden destinar 10 por ciento de sus utilidades en costos de operación por sobornos y pagos extraoficiales.

Indicó que siguen pendientes muchos elementos centrales del nuevo sistema que le impiden combatir efectivamente la corrupción en México.

Lamentó que aún no se nombre un fiscal anticorrupción que cumpla con las exigencias y expectativas de la sociedad. Faltan por establecerse los Sistemas Locales Anticorrupción que deben armonizarse con el sistema nacional y está pendiente la designación de los 18 magistrados para el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), órgano responsable de juzgar los casos graves de corrupción, tanto de funcionarios públicos como de particulares.

“Es necesario que los ciudadanos tomemos el liderazgo y asumamos el compromiso de combatir la corrupción desde nuestra propia trinchera y exigir a los representantes del poder público que tomen medidas contundentes para seguir ese ejemplo.

“México no puede tolerar más abusos de autoridad, ni más corrupción de quienes más obligados están a combatirla. Es por eso que, desde el sector privado, nos unimos al movimiento #VamosporMás, junto con un importante grupo de organizaciones de la sociedad civil, académicos y ciudadanos destacados, para exigir avances en la lucha contra la corrupción”, indicó.

El líder empresarial precisó que el sector privado del país está decidido a poner de su parte para detener la corrupción desde su trinchera bajo la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que impone duras sanciones a las empresas por soborno, tráfico de influencias y uso indebido de recursos.

Castañón detalló que esta normativa contempla que las empresas corruptas enfrenten sanciones que van desde la devolución del doble del beneficio recabado por medio un acto ilegal, hasta la disolución de la empresa, junto a la devolución del daño a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).