La historia del mayor fraude cibernético en México
Ya sea para cometer fraudes, lavar dinero o extorsionar, los ciberdelincuentes pueden llevarte hacia una verdadera pesadilla.
AUTOR DEL TEXTO ORIGINAL EN REVISTA CAMBIO: SURYA PALACIOS
Una cuenta bancaria abierta a nombre de una estudiante originaria del estado de Nayarit recibió en 2009 una serie de depósitos que sumaron 800 millones de pesos. La cifra no corresponde al monto de una herencia, tampoco es un premio, la verdad es que se trata del mayor robo de identidad registrado en México.
La joven, quien no puede ser identificada debido a que así lo prescribe el Código Fiscal de la Federación, empezó a vivir una pesadilla. Debido a las multimillonarias cantidades depositadas, la cuenta llamó la atención del Servicio de Administración Tributaria (SAT), toda vez que la titular ni siquiera estaba dada de alta en el Registro Federal de Contribuyentes.
¿Qué hacer si eres víctima de robo de identidad? 💻🕵️
Así, sin que ella se enterase, le debía al fisco mexicano 1 800 millones de pesos, porque el SAT detectó que la cuenta abierta a su nombre estaba relacionada con un supuesto negocio de destilación y venta de alcohol etílico. En realidad la credencial de elector de la mujer había sido falsificada, y era otra la persona que usaba su identidad con el propósito de llevar a cabo actividades ilícitas.
Como este hay otros 490 casos de mexicanos que tienen adeudos fiscales debido a que terceras personas usaron de manera fraudulenta su identidad, de acuerdo con cifras de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). A estos se agregan –con la misma problemática– más de 10 000 reclamaciones recibidas en los últimos 10 años en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
El caso de la joven de Nayarit se resolvió a su favor en tribunales, con la asesoría de la Prodecon, aunque son cientos los ciudadanos que, por desconocimiento de los recursos que existen a fin de defenderse, han tenido que pagar deudas bancarias y fiscales que ellos no generaron. La Condusef asegura que el impacto económico de este delito asciende a más de 260 millones de pesos en pérdidas patrimoniales de quienes vieron suplantada su identidad.
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