México paga un billón de dólares anuales en mordidas

A un día de festejarse el Día Internacional contra la Corrupción,  la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que México se ubica en la posición 135 de 180 países evaluados en materia anticorrupción al bajar del puesto 30 al 29, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de Transparencia Internacional (TI), mientras que a nivel regional también está entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, con base en la evaluación realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en México, cada año se paga un billón de dólares en sobornos y se calcula que se roban 
2.6 billones de dólares anuales mediante la corrupción, suma que equivale a más del 5% del Producto Interno Bruto mundial.

De acuerdo con la OCDE,  esto se debe a los niveles mínimos o nulos de cumplimiento relacionados con la investigación y sanción de corrupción en operaciones internacionales, conforme a la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos en Transacciones Internacionales.

Además, los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017 efectuada por el INEGI señalan que el costo total a consecuencia de corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de 7 mil 218 millones de pesos, lo que representa 12.5 por ciento de cambio respecto de 2015.

A través de un comunicado, la CNDH exhorta a las autoridades gubernamentales a cumplir con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos en Transacciones Comerciales Internacionales, además de adoptar las medidas administrativas, legislativas o de cualquier otro carácter para prevenir y sancionar actos de corrupción.

También convocan a los gobiernos federal, estatales y municipales, al sector privado, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y sociedad en su conjunto a prevenir y combatir la corrupción, por tratarse de una violación a los derechos fundamentales.

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