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Una protesta de periodistas en Córdoba, Veracruz, durante marzo pasado. Foto: Cuartoscuro, ,
Capital México

Incumple Peña Nieto con protección a periodistas

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Incumple Peña Nieto con protección a periodistas Por Andrés A. Solis Hace 9 meses

Edgar Daniel Esqueda Castro le contó a su madre Verónica que tenía miedo. Con apenas 23 años, el fotorreportero ya había sido amenazado dos veces por agentes de la Policía Ministerial de San Luis Potosí. Presentó denuncias y el Ministerio Público inició una carpeta de investigación.

Su padre, Javier Esqueda, un tornero de 42 años, recuerda que Edgar Daniel pensaba dejar el periodismo. Su opción era ser paramédico, y viajó a la Ciudad de México para participar en las labores de rescate del terremoto del 19 de septiembre. Llegó el miércoles 20 al edificio colapsado en Álvaro Obregón 286, en la colonia Roma; trabajó en la remoción de escombros hasta el viernes 29, y regresó a San Luis Potosí. A las 8:30 de la mañana del 5 de octubre, Edgar Daniel terminaba de desayunar en casa de sus padres, donde vivía con su esposa Citlali Ramírez, de 21 años, mesera en una pizzería, y su hija de 6 meses. Estaba listo para salir a reportear para el portal Vox Populi.

A la vivienda en la céntrica colonia Julián Carrillo llegaron cuatro o cinco sujetos, nadie recuerda con precisión, pero vestían de negro y portaban armas largas. En cuanto el fotoperiodista abrió la puerta le dijeron que eran policías ministeriales.

—Ya vámonos —soltó uno de ellos.

Edgar Daniel trató de tranquilizar a su familia y les pidió que avisaran a sus colegas. La primera persona a la que Javier Esqueda llamó fue a su prima Blanca, tía de Edgar Daniel y también fotógrafa de prensa. Ella movilizó a otros periodistas y alertó a la oficina en México del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), una organización con sede en Nueva York.

Cinco meses antes de la desaparición forzada del periodista potosino, el 17 de mayo, ante todo el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país y el pleno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), reunidos exprofeso en la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto anunció el compromiso de fortalecer los mecanismos de protección, crear unidades especializadas en todos los estados y resolver 99.7 por ciento de los homicidios aún impunes, según la estadística de la oficina en México de Artículo 19, una organización con sede en Londres.

El anuncio presidencial ocurrió luego de 32 periodistas asesinados este sexenio: cuatro en 2013, cinco en 2014, siete en 2015 y 11 en 2016. De enero pasado hasta el 17 de mayo último, día del anuncio presidencial, iban seis homicidios. De entonces a la fecha la cifra se duplicó: incluido Edgar Daniel, van 12 periodistas asesinados en 2017, el peor año en la historia para la prensa en México, el país más mortífero del mundo para el ejercicio del periodismo, junto con Siria, según la organización francesa Reporteros Sin Fronteras, que divulgó un reporte el 19 de diciembre, pocas horas antes del homicidio de un reportero en Acayucan, al sur del estado de Veracruz, donde en julio y agosto otros dos periodistas locales fueron asesinados.

El 22 de mayo, cinco días después del acto presidencial en Los Pinos, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se reunió con los secretarios de Gobierno estatales de todo el país, con quienes acordó crear unidades estatales de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y un atlas de riesgo por estado. Todo debía quedar hecho antes del 30 de junio.

Ningún estado cumplió con este plazo. Ya vencido, sólo siete de 32 entidades han creado su unidad de protección. En Baja California, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí y Sinaloa murieron cinco periodistas antes de su instalación. Las otras dos entidades fueron Puebla y Quintana Roo, que se suman a la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas de Veracruz, que opera desde enero de 2013, y el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en la Ciudad de México, en funciones desde el 1 de diciembre de 2016.

 

Edgar Daniel Esqueda: historia paralela

El 27 de junio, el fotorreportero Edgar Daniel Esqueda Castro cubrió una balacera en una casa en la colonia Ricardo B. Anaya cuya propiedad la prensa local atribuye a Antonio Varela López, exdirector de la Policía Ministerial estatal, sujeto a proceso penal por homicidio y abuso de autoridad desde noviembre de 2017, en un caso no relacionado con la muerte del periodista.

Cinco elementos de la corporación obligaron a Edgar Daniel a borrar las imágenes que había tomado, por lo que presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia por el delito de amenazas.

La semana siguiente, entre el 4 y 5 de julio, la prensa de San Luis Potosí reportó la realización de un curso de capacitación de 40 horas para 139 representantes de los 32 estados que habrán de integrar las unidades de protección locales. El temario: cómo realizar estudios de análisis y evaluación de riesgo, cómo crear mapas de riesgo y cómo establecer los protocolos de coordinación con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.

El mismo 4 de julio, la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó al mecanismo federal sobre el caso del fotorreportero Edgar Daniel Esqueda Castro y sobre las medidas cautelares que pidió a la Procuraduría estatal para evitar que agentes ministeriales lo confrontaran nuevamente.

El 13 de julio siguiente, agentes ministeriales amenazaron por segunda ocasión a Edgar Daniel, mientras cubría una balacera en la colonia Del Valle, en el centro de la capital potosina. Lo acusaron de ser enviado de grupos criminales para documentar las acciones policiales. Estos hechos se ampliaron en la queja ante CEDH, mientras el mecanismo federal se comunicó vía telefónica con el reportero para ofrecerle acompañamiento y un estudio de evaluación de riesgo.

Unidades de Protección sin alcance

Desde el 17 de mayo, cuando el presidente Enrique Peña Nieto por fin reaccionó junto con los gobiernos de los estados al homicidio de periodistas, hasta el 11 de agosto, cuando el pleno de la Conago aprobó el Protocolo de Coordinación Nacional para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, tres periodistas fueron asesinados. Otros tres homicidios ocurrieron entre el 22 de agosto y el 19 de diciembre. La cifra de este año se elevó a 12.

Mientras, los recién creados mecanismos de protección estatales son aún inoperantes y faltan otros 23 por ser creados. En este momento, el retraso es ya de seis meses y en promedio ha costado la vida de un periodista por mes.

Hasta donde se sabe, las unidades estatales de protección realizarán un monitoreo permanente en medios y redes sociales, y contactarán a periodistas cuando detecten una agresión o se encuentren en una situación de riesgo. Desde el primer contacto se podrá determinar medidas de protección e incluso canalizar a la víctima al mecanismo federal, dijo María Helena Jaimes, titular de la Unidad de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guerrero.

Adán García, vocal de la unidad de protección de Michoacán, dijo que la atención de casos de riesgo se coordinará siempre con el mecanismo federal y se dará la opción a la víctima y, en su caso, a sus familiares, de acogerse a la protección federal, aunque los gobiernos locales implementen medidas urgentes de protección.

Una muerte que debió evitarse

A Edgar Daniel se lo llevaron de su casa la mañana del 5 de octubre.

Horas después, el procurador de Justicia de San Luis Potosí Federico Garza Herrera negó la participación de policías ministeriales en la desaparición, pese a los antecedentes de agresiones contra el periodista. El gobernador del estado Juan Manuel Carreras se limitó a prometer que no habrá impunidad. El cadáver de Edgar Daniel fue encontrado la mañana del 6 de octubre junto a unas vías de ferrocarril cerca del Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí “Ponciano Arriaga”. Mostraba huellas de tortura.

El gobernador Carreras condenó la muerte del periodista y reiteró ante la prensa que no habría impunidad. Prometió la detención de los responsables.

El 7 de octubre, mientras Edgar Daniel era velado en su casa, dos agentes ministeriales se metieron a su habitación, pero fueron descubiertos por Yanet, una de las dos hermanas menores del periodista. Los policías llegaron al domicilio acompañando a José Guadalupe Castillo Celestino, director general de la Policía Ministerial, recuerda Javier Esqueda.

El lunes 9 de octubre, el gobernador recibió en Casa de Gobierno a los padres y se comprometió resolver el asesinato. Javier recuerda que su esposa Verónica rechazó la oferta de una vivienda, porque eso no le devolvería a su hijo.

El 13 de octubre, Julio Alfredo Ceballos, exdirector de la Policía Ministerial, citó a la prensa local en un restaurante en el centro de la ciudad, para presentar un video en el que aparece Edgar Daniel Esqueda Castro. Está hincado, los ojos vendados, las manos detrás de la espalda.

—¿Qué onda contigo, güey? —pregunta una voz.

— Estoy detenido por trabajar para el CDN, cártel del noreste —responde el periodista, repitiendo la misma acusación que le hicieron los ministeriales el 13 de julio.

El 15 de octubre, el gobernador Carreras recibió en privado al padre de Edgar Daniel, en Casa de Gobierno. Le ofreció una despensa mensual y becas para las hermanas y la viuda, contó Javier Esqueda en entrevista.

El 2 de noviembre, 27 días después del asesinato de Edgar Daniel, falleció su madre Verónica Castro, a la edad de 39 años. El padre cree que murió de tristeza, el médico dijo que fue un infarto.


JPC

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