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Autor del texto en Reporte Indigo: JESÚS PADILLA 

Pese a que en teoría, desde su designación en febrero de 2016, Juan Antonio Caballero Delgadillo, comisario de la Agencia de Administración Penitenciaria, tiene la obligación de garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de los penales en Nuevo León esto no ha sido así, para muestra las dos víctimas oficiales más recientes dentro del Penal de Cadereyta -aunque extraoficialmente se habla de cuatro-, a causa de disturbios registrados este martes.

Desde su llegada al cargo, Caballero Delgadillo debió poner en marcha un proyecto de control en los tres reclusorios de la entidad para garantizar el óptimo manejo de las cárceles, pero pareciera que ha ocurrido todo lo contario: el sistema penitenciario nuevoleonés es un desastre.

Incluso, sus fallas no han tenido repercusiones serias a su persona.

Los hechos recientes en el Penal de Apodaca y Cadereyta exhiben su mal desempeño.

Además, según el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, en el artículo 34 fracción octava, se advierte que el funcionario a cargo debe “ordenar la elaboración y presentar a las instancias correspondientes, manuales, instructivos y demás instrumentos jurídicos, técnicos y de guarda y custodia que resulten necesarios para normar la actividad penitenciaria y la adaptación de adolescentes, así como vigilar la observancia de los mismos”.

Pero esto pareciera ser letra muerta en los tres penales de Nuevo León, pues los internos han mostrado tener su propio “reglamento penitenciario”.

Las cárceles nuevoleonesas exhiben una nula vigilancia, un autogobierno, graves violaciones de los derechos humanos y sexuales, y hasta múltiples masacres. Es decir, los internos pueden tomar el control sin ningún problema, y esto quedó exhibido en el motín ocurrido el lunes en el Penal de Cadereyta, aparentemente en protesta por la corrupción de algunos funcionarios carcelarios.

El vocero de seguridad del Gobierno independiente, Aldo Fasci Zuazua, reconoció que la seguridad no está garantizada en los penales de Nuevo León por la falta de recursos y personal.

Agregó que la solución al problema de los centros penitenciarios sería concluir la construcción del penal que se tenía proyectado en el municipio de Mina.

El Topo Chico tiene director cuestionado

Ricardo Tejeda de Luna, director del Centro de Prevención y Readaptación Social Topo Chico, cuenta con una trayectoria oscura.

Organizaciones civiles denunciaron que Tejeda de Luna, quien tiene carrera militar, está acusado de abuso, maltrato, tratos inhumanos y denigrantes, extorsiones y violaciones a derechos humanos.

Durante su cargo en el Centro de Reinserción Social de Tuxtepec se le relacionó con actos de extorsión a los reos para evitar que fueran trasladados a otras cárceles. Además, fue denunciado de violaciones y traslados ilegales de detenidos a otros centros penitenciarios de Oaxaca.

Exhiben corrupción

Ante lo ocurrido el lunes en el Penal de Cadereyta, las inconformidades de reos y custodios salieron a relucir, denunciando actos de corrupción, falta de equipo para disuadir en motines, abuso y funcionarios ligados al crimen organizado.

En redes sociales elementos de Fuerza Civil señalaron a mandos del CERESO de Cadereyta de “doblar las manos ante los reos”, pues los internos traían radios policiales, y solicitaban a los funcionarios carcelarios que retiraran el apoyo.

“Dos penitenciarios (retenidos) llegamos por ellos y no quisieron salir, refiriendo que los reos los protegían. ¡Sálganse!, ¡sálganse! Les exhortamos en varias ocasiones, a lo que se negaron y comenzaron a subir a la azotea del edificio.

“Ahí nos gritaron que nos fuéramos del lugar, o sea que pedo con esos batos, posteriormente a los penitenciarios los toman como rehenes. Todos los que estuvimos cerca de las llamas de los colchones quemándose, vimos la realidad de los corruptos de los altos mandos, que no sirven para nada”, dijo un usuario de facebook, quien se identifica como Ignacio Zaragoza.

Además, circuló una manta -que no estaba firmada- denunciando a funcionarios del área de penales del Estado de actos de corrupción y abusos. Se les acusaba de ser cómplices de dos integrantes del crimen organizado que se supone manejan tanto el Penal del Topo Chico como el de Apodaca.

“Ellos (los funcionarios) son culpables de los actos que se llevan a cabo en el interior de los penales: extorsión, abuso, muerte, humillaciones.

“Esos funcionarios son parte de la corrupción y reciben numerosas gratificaciones económicas para que estos tengan impunidad”, rezaba el cartel.

En la manta se incluyó el nombre de Humberto Marroquín, director del Penal de Apodaca; Miguel Ángel Vigil Solís, jefe de seguridad; y José Alberto Ortiz Gallegos, subjefe de seguridad.

Caballero sabía de “autogobierno”

Cabe recordar que el excomisario en jefe de los tres penales, Jesús Fernando Domínguez Jaramillo, y la exdirectora del Topo Chico, Gregoria Salazar Robles -quienes son procesados por la masacre de 49 reos de esa misma prisión-, aseguran que Juan Antonio Caballero Delgadillo, tenía conocimiento que los internos de la delincuencia organizada tomaron el control en el interior de dicho penal.

Eso desató el tráfico de drogas, el cobro de piso y que algunos prisioneros tuvieran privilegios en sus celdas.

Inexplicablemente, el funcionario estatal no fue procesado por la Procuraduría General de Justicia.

Regresan los disturbios, mueren dos

Dos reos muertos y 13 lesionados fue el saldo que dejó un motín registrado este martes en el Penal de Cadereyta.

Por segunda ocasión en esta semana, las alertas de las corporaciones policiacas se encendieron pasadas las 17:00 horas al reportarse nuevos disturbios en dicha cárcel por una aparente riña.

Aunque los primeros informes señalaban que los reos volvieron a protestar quemando colchones y sábanas, lo que generó una columna de humo que se apreciaba desde la carretera Monterrey-Cadereyta, el vocero de seguridad de la entidad, Aldo Fasci Zuazua, dijo que todo se debió a que algunos internos siguieron manifestándose en un área conflictiva.

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