Piden avanzar en investigación sobre San Fernando

 

Una organización denunció falta de recursos tanto humanos como materiales para este fin


La Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes” resulta ineficiente por la carencia de recursos públicos y humanos”. Así lo denunció Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, en el marco de los siete años de la masacre de San Fernando, Tamaulipas.

“Se creó esta unidad de migrantes pero resulta que no tiene ni los recursos humanos ni materiales para hacer su trabajo. Entonces todo el tiempo nos encontramos ante la dificultad de negativas para los derechos de las víctimas porque no hay recursos” denunció.

“Aquel 23 de agosto, con la muerte de 72 centroamericanos — 58 hombres y 14 mujeres— se evidenció la violencia que viven los migrantes durante su paso por México, violencia que no ha parado, la violencia se ha recrudecido y es para los migrantes y para la población en general, pero sin duda los migrantes son uno de las personas violentadas y olvidadas”, refirió Leticia Gutiérrez, experta en migración, en entrevista para Capital Media.

Si bien aceptó que en términos cualitativos se ha logrado un avance, esto no se ve en términos de aplicación ni en la protección, ni en el acceso a la justicia, “a siete años, la justicia no ha llegado. En términos legales podría decirse que este es un cambio cualitativo favorable, entre comillas, porque tienes que ser una víctima, tienes que haber vivido la crueldad en este país para poder obtener un documento y eso es muy perverso”, aseguró Gutierrez.

La defensa de las familias ha pedido a las autoridades se establezcan análisis que den fe que los cuerpos entregados corresponden a las víctimas pues dicha entrega se dio en “términos irregulares”, así como que se brinden los expedientes legibles, pues hasta la fecha, y pese a los amparos ganados, se entregan manchados o tachados.

“Tenemos muchos años pidiendo copia de lo expedientes. No se puede pretender que las víctimas tengan un ejercicio real de sus derechos si no tienen sus expedientes. Tenemos amparos promovidos donde ya ha habido resoluciones en donde se les pide entreguen los expedientes y no han sido entregados”, informó Delgadillo.

La defensora también exigió que se abran otras líneas de investigación que involucren a agentes del Estado “hemos pedido que se incluyan investigaciones que tengan como líneas actores que pudieron haber participado o que pudieron haber sido omisos, o que pudieron haber sido tolerantes con lo qué pasó en las tres masacres de migrantes. Eso tiene que ser investigado”, pidió la directora de la Fundación.

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