Juez podría ir a prisión por exonerar a rector de UAEM

 

Decidió no vincularlo a proceso por el presunto delito de peculado


Hasta ocho años de prisión podría alcanzar el juez de Control y Juicios Orales, Adolfo González López, por no vincular a proceso al rector y ex tesorero de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez y Eduardo Sotelo Nava, respectivamente, acusados por el presunto delito de peculado en contra de la institución educativa.

Helio Brito Cantú y Octavio Ibarra Ávila, agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) en contra del juez de control, por el delito contra la procuración y administración de justicia, cuya denuncia fue radicada en la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Delitos cometidos por Servidores Públicos en la carpeta número SC01/9387/2017.

El juez González López determinó en la audiencia del pasado primero de octubre no vincular a proceso al rector y al ex tesorero, debido a que el agente del ministerio público de la Fiscalía Anticorrupción “entregó incompleta la carpeta de investigación” al abogado de los imputados, lo que “violentaría el derecho de una legítima defensa”.

Helio Brito Cantú, quien fungió como agente del ministerio público en este caso, consideró que esos argumentos impactaron de manera errónea en el proceso penal contra ambos funcionarios de la UAEM; sin embargo, admitió que hubo un “error humano” al no entregarse completas las copias.

Destacó que, por dicha resolución, la Fiscalía Anticorrupción interpuso una queja ante el Consejo de la Judicatura local y emitió un recurso de apelación en contra del auto de no vinculación a proceso que será resuelta por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El juez dijo el agente del MP, debió haber desahogado toda la audiencia y no por “un detalle de copias” de la carpeta de investigación, haber decretado el auto de no vinculación a proceso.

“Ese error humano no es razón como para dictar un auto de no vinculación a proceso; lo que pudo haber hecho el juez, es que en su resolución razonar si las copias las tomaba en cuenta o no para tomar una decisión completamente errónea y eso era suficiente”.

Los funcionarios anticorrupción negaron actuar bajo consigna del Poder Ejecutivo del estado para proceder en contra de un juez por haber favorecido al rector y el ex tesorero de esa casa de estudios.

En 2014 el rector y el ex tesorero contrataron un crédito por 600 millones de pesos con el Banco Interacciones sin la autorización del Congreso local; para pagar la deuda, depositan el 2.5 por ciento de los subsidios del gobierno estatal y federal. Hasta la fecha suman más de mil millones de pesos depositados a esa institución bancaria.

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