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De damnificada a endeudada; la triste historia de la Torre Centauro

Luego del 19 de septiembre de 2017, Leslie y sus vecinos han vivido entre la angustia y la incertidumbre: el gobierno de la Ciudad de México insistía en que el edificio donde vivían era inhabitable, y ordenó derribarlo. Ahora ella y el resto de los habitantes de la torre Centauro no tienen un hogar y deben pagar los poco más de 30 millones de pesos que costará removerlo
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Leslie se dedica al comercio. En su departamento habitaban su esposo, sus tres hijos, una hermana, dos sobrinos y ella; la noche del 7 de septiembre les tocó el sismo ahí. No pudieron salir, la experiencia no fue nada grata y el miedo la invadió.

Ella sabía que tenía que exigir un dictamen al Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC), un lugar muy familiar, ya que en abril de 2014, tuvo que acudir en varias ocasiones porque otro sismo de 7.2 grados también afectó el edificio.

En ese entonces el jefe de Gobierno, Héctor Serrano, les dijo que el lugar era inhabitable porque en cualquier momento se iba a caer. “Nos fuimos del edificio; sin embargo, alguien del Instituto llegó con nosotros y nos dijo que el edificio estaba bien, sólo tenían que hacer ciertas obras de rehabilitación”, me cuenta Leslie.

No lo dudaron, inmediatamente acudieron con el jefe delegacional, Alejandro Fernández, quien se encargó de ordenar un dictamen en el que se confirmó que la estructura de Centauro estaba en perfectas condiciones y sólo debían hacerle adecuaciones.

Pasaron tres años y nuevamente el edificio se sacudió el 7 de septiembre. Leslie acudió al Instituto para la Seguridad a pedir un dictamen de la torre, aunque también sabía que debía adelantarse a las autoridades con tal de evitar la experiencia de 2014.

Logró contactar al mismo ingeniero que les ayudó con el primer dictamen y él le confirmó una vez más que ese edificio no se podía caer, que su construcción fue muy adelantada a su época y que no había manera de que se cayera. Leslie respiró.

El dictamen por parte del Instituto se lo entregarían el 19 de septiembre. Ni Leslie ni millones de mexicanos esperaban que un sismo de 7.1 grados sacudiría nuevamente la Ciudad y a Centauro. Mientras estaba en el Instituto, el movimiento la hizo correr a su casa para verificar que su torre siguiera de pie. Sí, ahí estaba, erguida, pero con más afectaciones que nunca.

Pasaron tres días y ni una autoridad los había visitado, sólo acudían voluntarios, aunque con mucho miedo de pasar. “Todos nos decían que se podía caer en cualquier momento”, dice Leslie que ya no podía vivir con ese mismo miedo y comenzó a investigar qué tan seguro era su edificio.

Leslie, una mujer comerciante, cuya época fuerte de trabajo es a partir de las fiestas patrias porque vende cosas decorativas, tuvo que suspender sus ventas debido a que cada trámite le llevaba por lo menos medio día, y esto era varios días a la semana.

Acudía a una ventanilla de gobierno, la mandaban a otra y luego más papeles, y entre todos se echaban la bolita. Pisó la Seduvi, la Consejería Jurídica, la Concertación Política y Atención Social y Ciudadana, el Instituto de Vivienda, el Comité de Emergencia, la Comisión de Reconstrucción; fue con el jefe de Gobierno, el subsecretario de Gobierno, y la lista podría seguir. Pero no sólo eso, todo el proceso burocrático mediante el cual conseguir un dictamen por parte del Instituto para la Seguridad de las Construcciones para determinar la situación del edificio olía muy mal.

La unidad habitacional Morelos –mejor conocida como los Soldominios– cuenta con cinco edificios iguales: Centauro, Pegaso, Osa Mayor, Andromeda y Géminis. De ellos, los habitantes de Pegaso contrataron a particulares para la rehabilitación. Y fue ahí que se dieron cuenta de que las cosas se estaban haciendo mal porque sería una rehabilitación superficial; sólo se taparían grietas y resanarían daños.

La administradora del edificio contrató a un supervisor de obra; él les dio la alerta. Todo estaba mal, ya que con el fin de determinar las condiciones del edificio se tenían que hacer estudios de mecánica de suelos y un dictamen de seguridad estructural y de ahí realizar un proyecto ejecutivo para rehabilitar el edificio.

Leslie comenzó a preguntar de qué se trataba todo. Eran términos muy complejos para ella. En alguna ocasión, dos ingenieros del propio ISC le habían dicho que su edificio tenía dos pilotes y por lo tanto era necesario recimentarlo. “¿Zopilotes?”, se preguntó Leslie. En ese momento ella no tenía la menor idea de qué eran los pilotes, mucho menos una recimentación.

Y ella lo admite: “Uno nada más dice ‘sí, sí, lo que ustedes digan’, porque uno no sabe y confía en ellos, que son los expertos, sin embargo, también te engañan. Ellos no te explican, no les interesa que tú sepas. Más bien les conviene que no sepas nada para que sólo digas ‘bueno, usted es el que decide’, y pues no, así no debe ser, por eso tuve que aprender qué significaba todo eso”.

Con el tiempo, en Pegaso se comenzó a hacer el estudio de mecánica de suelos –determina cómo está la cimentación–, luego el de seguridad estructural –indica cómo está la estructura y dónde es necesario reforzarla, en caso de que sea apta para rehabilitación.

El estudio de mecánica de suelos dura aproximadamente dos meses; mientras tanto, Leslie aprovechaba la confianza con el objetivo de preguntar por los avances. Ahí aprendió qué eran los pilotes: unas especies de columnas que se construyen en la cimentación y que garantizan la seguridad estructural de una edificación; van a cierta distancia cada una. El mayor descubrimiento fue que en su edificio no había dos “zopilotes”, sino 72.

“¡Qué barbaridad, a qué grado nos mintieron para que nosotros accediéramos a lo que ellos querían y no a lo que de verdad necesitábamos”, me cuenta Leslie.

El dictamen de Pegaso establecía que se podía rehabilitar, que durarían 10 meses las obras y que les costaría entre 25 y 30 millones de pesos.

Otro de los edificios, Osa Mayor, se tuvo que demoler, la mayoría de los 56 departamentos que lo conforman quedaron inhabitables. Las obras comenzaron el 16 de enero y concluyeron 80 días después.

Los vecinos de Centauro seguían dudando de las autoridades, y por ello, a través de una solicitud de información, pidieron el costo total de la demolición. Eran tres contratos: uno del proyecto ejecutivo de la demolición, otro de la demolición y remoción de escombros, otro de la supervisión de la demolición. En total sumaban poco más de 30 millones de pesos, que se dividió entre los 56 departamentos y 8 comercios, esto es un promedio de 469 000 pesos cada uno.

De manera particular, los habitantes de Centauro pidieron un presupuesto a un arquitecto para la demolición del edificio. La partida financiera estimó un costo que iba desde los 5 millones hasta 8 millones de pesos. “¿Entonces porqué están cobrando de más las demoliciones?, a mí me da a entender que el gobierno sólo quería demoler porque ahí estaba el negocio”.

Debido a la experiencia de 2014, los vecinos de Centauro no dudaron en mandar a hacer su propio dictamen con la mecánica del suelo, su dictamen de seguridad estructural y todo lo que conlleva. El documento estaba firmado por dos directores responsables de obra, José Manuel Díaz Espino y Alvaro Martínez Esteban, y contaba también con la opinión técnica del entonces subcomisionado de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, Sergio Alcocer Martínez de Castro. El resultado del dictamen establecía que el edificio mostraba algunos daños estructurales, aunque era sujeto de una rehabilitación y ofrecía condiciones de seguridad y habitabilidad a sus propietarios. No dudaron en compartir este dictamen con el ISC.

Al tercer día de que ellos entregaron su dictamen –una carpeta muy voluminosa–, el ISC les entregó unas cuantas hojas: se trataba de una cédula de evaluación postsísmica con datos y medidas del propio dictamen que firmaron los DRO contratados por los vecinos. Es decir, el gobierno nunca ordenó hacer una mecánica de suelos o un dictamen de seguridad estructural; sin embargo, la decisión de la institución capitalina fue catalogar a Centauro como un recinto de alto riesgo de colapso. Decenas de familiares pelearon con el fin de evitar la demolición del edificio porque también tenían un presupuesto para la rehabilitación y esta saldría en 21 millones de pesos, dinero que pagarían entre todos los habitantes y los ocho comercios, pero aún así era un costo mucho menor a lo que costó la demolición de Osa Mayor.

Otro de los temores de los vecinos de Centauro, que dieron a conocer en mayo de este año, fue que ante el “paso de tortuga de las autoridades, el uso poco claro y poco óptimo de los recursos de reconstrucción, y sabedores que a la fecha hay 70 inmuebles ya demolidos en los que no han iniciado los trabajos de reconstrucción, desconfiamos de una demolición que pudiera dejarnos sin nuestro único patrimonio; más aún considerando que hay opiniones técnicas calificadas que opinan favorablemente respecto de una rehabilitación”.

Durante toda la batalla legal, el gobierno les insistió una y otra vez que saldría mucho más económico demolerlo que rehabilitarlo. El Comité de Emergencias avaló la demolición de Centauro. Al final, 36 departamentos de 56 decidieron también que era lo mejor. Leslie ya no pudo más con la batalla legal para detener el proceso, y tuvo que despedirse de su casa cuya demolición comenzó el pasado 8 de septiembre; no obstante, en esa fecha no pudo sacar todos sus muebles.

Les dieron cinco días con el propósito de que sacara todas sus pertenencias, pero no fueron suficientes. Leslie no tenía un espacio dónde llevarlas; pudo sacar unas cuantas cosas. Confiaba en que le darían una prórroga, sin embargo las autoridades le dijeron que ella estaba retrasando la construcción. “¿Cuál reconstrucción? –les respondió enfadada– Díganme de un lugar que ya estén reconstruyendo, en el que ya haya cimentaciones o una planta baja o un primer piso; ¿en dónde está la reconstrucción? Ustedes sólo quieren demoler”.

Ahora, los habitantes de Centauro decidieron que la reconstrucción de su edificio será financiada con créditos otorgados por el Instituto de Vivienda, además, el gobierno de la Ciudad de México aportará el 10 % del total a fondo perdido; no obstante, por el momento se desconoce el monto íntegro, porque la demolición aún no concluye y por lo tanto tampoco hay estudios para levantar una vez más al Centauro.

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