Las deudas laborales de la delegación Iztapalapa

02 de enero 2018

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El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje les pide que paguen más de 27 mdp

La delegación Iztapalapa no cuenta con el presupuesto para pagar 112 litigios laborales, que de manera conjunta representan una erogación superior a los 27 millones 819 mil pesos, tras las resoluciones emitidas por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

En un comunicado, la demarcación informó que los montos de estos laudos van desde los mil hasta más de 1.5 millones de pesos.

“La Delegación Iztapalapa informa que al concluir el año no cuenta con el presupuesto destinado para continuar con los pagos para dar cumplimiento a los juicios de conciliación, promovidos en contra de la Administración Pública de la Ciudad de México, en su caso particular, contra el Gobierno Delegacional en Iztapalapa”, se lee.

Esto, se asegura, debido a los pagos por más 20 millones de pesos realizados en el transcurso de 2017, y que por más de nueve años otras administraciones postergaron, lo que además impidió la reinstalación en puestos laborales a trabajadores que promovieron estos juicios.

Durante 2017, la delegación Iztapalapa pagó más de 20 millones de pesos en cumplimiento de 88 sentencias derivadas de juicios laborales, cuyos expedientes más antiguos provienen desde 2004, de acuerdo al informe.

Las prestaciones demandadas en dichos expedientes corresponden a pagos de aguinaldos, prima vacacional, aportaciones al Fondo de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), entre otros rubros.

La jefatura delegacional contabilizó un total de 200 querellas laborales, promovidas en periodos de administraciones correspondientes a 2004, 2005, 2007, 2010, 2011 y 2012.

Al respecto, la delegada Dione Anguiano estableció la voluntad y obligatoriedad del cumplimiento de estas sentencias laborales, por lo que instruyó a las Direcciones Generales Jurídica y de Gobierno y de Administración realizar las gestiones pertinentes con el Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX), para obtener la suficiencia presupuestal y el pago definitivo de los juicios en proceso.

En noviembre de 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación destituyó al delegado de Venustiano Carranza, por desacatar un amparo de 2013 que ordenaba restituir a cuatro ex trabajadores de la demarcación quienes también exigían el pago derivado de estos juicios laborales.

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