Cae exjefe del Ejército argentino por corrupción

El exjefe del Ejército de Argentina, César Milani, fue procesado ayer por el delito de enriquecimiento ilícito ya que un juez concluyó que no pudo justificar sus ingresos.

El juez Daniel Rafecas imputó a Milani, quien ocupó el alto cargo militar durante los últimos dos años del gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y además dictó un embargo en su contra por alrededor de 300 mil dólares.

Milani fue uno de los personajes más controvertidos de la recta final del kirchnerismo, ya que varios testigos lo señalaron como responsable de crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar (1976-1983).

Su permanencia en el cargo representó una contradicción para Fernández de Kirchner, quien junto con su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner, había enarbolado los derechos humanos como una de sus principales banderas.

En su fallo dado a conocer este lunes, Rafecas advirtió que Milani no logró justificar el préstamo de 200 mil dólares que le realizó un exmilitar acusado precisamente de crímenes de lesa humanidad.

La denuncia fue interpuesta desde que Milani fue designado jefe del Ejército en 2013, pero recién ahora la causa avanzó, gracias en parte a que el kirchnerismo que lo cobijaba dejó de gobernar en diciembre pasado.

Las inconsistencias patrimoniales de Milani se refieren no sólo a la compra de una casa que adquirió con el supuesto préstamo, sino al resto de sus gastos.

“Los intentos de los imputados para explicar el supuesto préstamo reflejado en el mutuo privado no permiten siquiera sostener que haya existido en la forma en que los imputados indicaron”, advirtió el juez.

La resolución de Rafecas, de más de 500 páginas, se fundamenta en un peritaje preliminar, ordenado por un juez, que determinó irregularidades en la compra de una propiedad en el barrio La Horqueta, realizada en junio de 2010.

La causa dio inicio con un informe patrimonial de Milania a cargo de la División de Delitos Económicos de la Prefectura Naval, entregado en octubre de 2014.

En junio de 2015, el fiscal Jorge Di Lello requirió la intervención técnica de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, que entregó su informe final en febrero de 2016, a partir del cual Rafecas dictó las indagatorias.