“Situación de emergencia” en Bolivia por crisis hídrica

El gobierno del presidente Evo Morales decretó ayer una “situación de emergencia” en Bolivia debido a la escasez de agua, considerada como la peor sequía que se registra en el país desde hace 25 años.

Los cortes a los suministros de agua se presentan en siete de las 10 principales ciudades de Bolivia, entre ellas la capital.

“Hemos aprobado un decreto con objeto de declarar situación de emergencia nacional, debido a la presencia de sequía y déficit hídrico en diferentes regiones del país”, señaló Morales.

Esta resolución permitirá al Poder Ejecutivo “la movilización de recursos económicos para atender un derecho humano que es el agua”, indicó el mandatario boliviano.

El presidente evaluó la escasez y el racionamiento de agua en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba, Potosí, Sucre y Tarija.

La capital boliviana cuenta con unos 800 mil habitantes, menos de la mitad han sido afectados por los fuertes racionamientos desde hace más de dos semanas.

La empresa estatal de agua EPSAS señaló que los cortes se ampliarán a más zonas de La Paz y se reduciría el tiempo de suministro a tres horas, cada tres días.

La escasez del líquido ha motivado protestas en la capital, cortes de rutas en Cochabamba y amenazas de enfrentamientos entre campesinos de Potosí.

En La Paz los habitantes afectados por el desabasto del liquido han hecho largas filas para recibir agua, mientras que en algunas comunidades indígenas han llamado a hacer rituales para que llueva.

El pasado jueves, dos funcionarios del gobierno boliviano fueron retenidos durante más de tres horas por habitantes de la ciudad de El Alto que protestaban por la falta de agua.

La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) retuvo al viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico, Rubén Méndez, y al gerente regional de la Empresa Pública Social de Aguas y Saneamiento Básico (EPSAS), Roberto Rojas, quienes habían acudido para hablar sobre la situación del agua en El Alto. Ambos funcionarios fueron puestos en libertad por petición del cuerpo de policía.

Las autoridades bolivianas calculan que la escasez afecta aproximadamente a unas 125 mil familias y que hay cerca de 300 mil hectáreas agrícolas y alrededor de 360 mil cabezas de ganado en riesgo.