Amparos afectan la lucha anticorrupción: Canales

 

El fiscal de Nuevo León considera necesario impedir intromisión de PGR


ANDRÉS A. SOLÍS

En tanto no se persigan y castiguen casos concretos de corrupción, ni se impida que la Procuraduría General de la República (PGR) intervenga en los criterios de los jueces, ningún sistema anticorrupción será efectivo y sólo contribuirá a la simulación, alertó el Fiscal Anticorrupción de Nuevo León, Ernesto Canales Santos.

En México, afirmó, los mecanismos de la lucha anticorrupción no serán suficientes si tampoco se modifican las leyes y marcos normativos en materia de amparo, en transparencia de sistemas financieros y contables y en el acceso para que las fiscalías tengan a la información y documentos para realizar sus investigaciones.

A decir del responsable de investigar la corrupción en el estado de Nuevo León, estos tres factores generan obstáculos para atacar el problema que ubica a México entre los países más corruptos del mundo.

Tan sólo en 2017 el país cayo 28 lugares respecto al año anterior, de acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción que elaboró Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional México.

En dicha escala, a México se le ubicó en el lugar 123 de 176 naciones evaluadas, con un puntaje de 30, en una escala donde 100 significa la menor corrupción.

Emanado de la sociedad civil, Canales Santos ocupa, por primera vez en su vida, un cargo público y le toca en el gobierno de Nuevo León investigar y llevar a tribunales a quienes cometan actos de corrupción.

En año y medio de gobierno de Javier Rodríguez Calderón “El Bronco” se han iniciado proceso contra 30 exfuncionarios, incluido el exgobernador Rodrigo Medina; aunque el Fiscal, en entrevista para CAPITALMEDIA, reconoce que no tienen suficientes armas para investigar y sancionar.

“Efectivamente, hay mucho de mejoramiento en los sistemas regulatorios, de leyes, para hacer eficiente el combate a la corrupción y, en el caso de Nuevo León, al no contar con el apoyo del Congreso que estaba más interesado en otros temas y no en el verdadero tema del día a día de combatir los actos de corrupción, se genera un fenómeno de dificultad para procesar los delitos”.

Recomendó reformar el amparo y adaptarlo al nuevo Sistema de Justicia Penal y a los Sistemas Nacional y estatales Anticorrupción, para evitar que entorpezcan los procesos penales que pretenden sancionar a quienes cometen actos de corrupción y delitos relacionados.

Recordó el caso del exgobernador neoleonés, Rodrigo Medina, quien a pesar de que ingresó por una investigación debido a actos de corrupción, que se realiza por el gobierno del estado mediante la Subprocuraduría Especializada en Corrupción, logró salir de la cárcel debido a que un juez le otorgó un amparo.

Canales Santos reclamó cambiar los sistemas financieros y contables de la administración pública, porque esa mala contabilidad gubernamental, que resulta opaca y deficiente, es la que permite que se pierda la ruta del dinero y hace difícil documentar los casos de corrupción.

Igualmente señaló que las autoridades responsables de investigar casos de desfalcos, de desvío de recursos y demás actos deshonestos, se encuentran limitados porque no tienen acceso de primera mano a la información que investigan y deben solicitarla primero a la PGR y ésta, a su vez, a la Comisión Nacional Bancaria o a otras instancias, lo cual alarga los procesos de investigación y, en consecuencia, los juicios.

En el ámbito federal, y al iniciar formalmente los trabajos del Sistema Nacional Anticorrpución sin nombramientos de fiscal y magistrados, el fiscal Ernesto Canales aseguró que el país ha perdido cuatro años discutiendo por quién nombraría al fiscal anticorrupción, en vez de discutir y aprobar lo que va a hacer ese fiscal y con qué herramientas jurídicas lo va a hacer.

Para el ahora funcionario el Sistema Nacional Anticorrupción, que inició ayer a nivel nacional, tal como está, no tiene facultades de nada, ni de investigación ni mucho menos de sanción, aclaró.

Petición a estados por incumplidos

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), llamó a los Congresos de la Unión y de los estados, a concluir los procesos legislativos pendientes para asegurar una lucha completa e integral contra la corrupción.

En un pronunciamiento público, el INAI recordó que este martes venció el plazo para que todos los estados contaran con Sistemas Locales Anticorrupción y para que estuvieran aprobadas algunas leyes secundarias y nombrados algunos funcionarios, lo cual no ocurrió.