Atorado 50% de casos en el sistema jurídico

Sólo uno de cada mil de investigaciones que inicia la Procuraduría General de la República (PGR) llega a juicio oral, mientras que 50 por ciento de las sentencias emitidas por jueces son absolutorias, informó el Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC).

A un año de la entrada en vigor del proceso adversarial, las procuradurías estatales y la PGR registran un rezago de 50 por ciento de las carpetas de investigación iniciadas; en el mismo porcentaje se decreta la suspensión condicional del proceso, lo que antes se conocía como la “reserva”.

La investigadora del CIDAC, Karen Silva, informó que cinco de cada 10 asuntos que ingresan a la PGR son determinados (o sea que se resuelven de alguna manera), la otra mitad se sigue acumulado y sólo dos de cada 10 asuntos, 20 por ciento son judicializados.

De éstos, 99 por ciento de las carpetas de investigación a nivel federal que llegan ante un juez, es por detención en flagrancia y con detenido, lo que significa que si el infractor no es detenido en el lugar de los hechos es difícil que ese crimen sea resuelto por la autoridad investigadora.

“La PGR no está siendo capaz de judicializar los casos si no hay un persona detenida. En la PGR en promedio sólo dos de cada mil asuntos han finalizado en juicio oral; y uno de cada dos condenas tienen sentencia absolutoria”.

Las procuradurías aportaron muy poca información y son las instituciones que observamos que tienen un desempeño menos eficiente frente al resto, pues sólo cuatro de cada 10 casos, es decir, 40 por ciento, tiene una determinación; el resto se está acumulando, existe un rezago de más de la mitad de expedientes.

Además, se prevé un rezago mayor, pues si estos casos no son desahogados ahora se irán acumulando mientras crezca la aplicación del sistema penal y, en su caso, “va a colapsar, que era lo que se quería prevenir, pues antes el colapso se preveía a través de los reclusorios y ahora a través de las procuradurías, se registra un cuello de botella”.

Sólo una de cada 10 detenciones se están decretando como ilegales; es decir, 9 de cada 10 casos se vinculan a proceso, aunque el CEDAC recordó que el Sistema Penal Acusatorio bajó el estándar para esta etapa, pues el MP sólo tiene que comprobar que ocurrió un delito y la participación del imputado.

En 60 por ciento de los asuntos se ha decretando la libertad para la investigación; es decir, la facultad del MP de liberar al imputado si es que el delito no es considerado grave y no hay elementos (de acuerdo con el criterio del agente) para judicializar el asunto.

El artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite al Ministerio Público que cuando una detención ocurra en flagrancia y el agente del MP no va a pedir la prisión preventiva no lleve a control de la detención, sino que deje en libertad inmediata a la persona mientras se lleva a cabo la investigación.

“No se trata de una mala práctica o ilegal, sino que cuando hay un gran nivel de rezago en las procuradurías, tenemos que poner un foco rojo, pues tal vez los casos en que se están dando libertad ya están generando casos de corrupción

al interior de las procuradurías y aquí es donde se está dando la puerta giratoria de la que se habla. No es una cuestión procesal, sino que los agentes del MP como no se sienten con capacidades para llevar ante un juez a los detenidos; prefieren dejarlos en libertad y acumular los casos, lo que significa el nivel de rezago que ya se habló”.

Explicó que en estos casos el porcentaje de judicialización de las carpetas de investigación que envían las procuradurías estatales, es muy bajo, aunque en sí mismo esto no es malo, pues el sistema fue creado con este fin, sin embargo, no responde necesariamente a una eficacia ministerial, sino al nivel de rezago en las dependencias, pues muchos de los asuntos en reserva son casos que pueden o deben llegar ante un juez de control.

Actualmente, sólo cuatro de 10 casos se judicializa, de cada 100 casos judicializados, en 16 asuntos se alcanza un acuerdo entre las partes por algún mecanismo alternativo de solución de conflictos, 10 de cada 100 casos se encuentran en suspensión condicional del proceso, y nueve de cada 100 son finalizados por procedimiento abreviado.

Para los expertos esto significa que las salidas alternativas al proceso no están siendo utilizadas para la resolución de un conflicto en delitos no graves, entre otras herramientas, como los criterios de oportunidad que ni siquiera figuran como método.

En las procuradurías locales, 15 por ciento de las carpetas culmina por el no ejercicio de la acción penal, 18 por ciento es enviado a archivo temporal, que no significa que se resuelvan pero están en reserva, aquí el riesgo es que los delitos tienen un periodo de vigencia.

De los asuntos judicializados, alrededor de 50 por ciento son casos en flagrancia, lo que refleja que la mitad de los asuntos

haya un imputación directa por la flagrancia, y no porque haya una labor de inteligencia criminal o una metodología científica para la investigación, pero sobre todo para el esclarecimiento de un caso sin detenido.

“La escasez de judicialización de carpetas de investigación sin detenido es una evidencia de la falta de capacidad en la investigación, pues sino haya una persona acusada, imputada y detenida, es muy difícil que las procuradurías lleven los casos con éxito”.

Culpa al sistema

Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno capitalino, justificó que la mayoría de los asaltos que ocurren el Metro quedan sin castigo debido a la aplicación del nuevo modelo acusatorio.

Refirió que pese a que en 60 por ciento de las detenciones menos de cinco por ciento son procesados.

“Aproximadamente 550 delitos de robo cometidos en el Metro, de esos 350, 330 probables responsables presentados, todos conciliados, ¿qué quiere decir esto? ninguno de ellos llegó a proceso, todos se fueron, de ahí mismo a sus actividades, quizás a la misma por las que llegaron. Ese es el problema”, mencionó en entrevista al término de la ceremonia del aniversario XV de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

Mancera Espinosa indicó que se debe hacer un trabajo técnico en los ministerios públicos y conocer los criterios que los jueces y tribunales de justicia utilizan a la hora de interpretar el código de procedimientos penales.