Avanza en tribunales un amparo contra gasolinazo

A punto de cumplirse un año del denominado “gasolinazo” y en vísperas de que se concrete otro incremento al precio del energético, un tribunal colegiado dio luz verde para que continúe el juicio de amparo presentado a principios de 2017.

El juicio 147/2017 estuvo suspendido durante 10 meses, primero porque se tuvo que esperar a que fuera asignado a los juzgados especializados para conocer sobre los recursos contra el incremento al precio de la gasolina.

Posteriormente, por el recurso de queja 149/017, al haber sido desechada la petición de ampliación de la demanda; sin embargo, el pasado 30 de octubre el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa determinó que era procedente la queja, por lo que será emplazado en la demanda el Congreso de la Unión y no sólo la Secretaría de Energía.

Ahora, a punto de cumplirse el primer aniversario de que se presentó el juicio de amparo, éste se reactivó, de ahí que hay amplias posibilidades de que se decrete la inconstitucionalidad del incremento al precio de las gasolinas de enero pasado.

La audiencia constitucional se desahogará el 22 de diciembre próximo y se podrán ver los alcances de la querella dentro del incremento escalonado al precio de la gasolina, por el cual se informó que habrá un nuevo ajuste antes de que concluya el año.

El juicio fue presentado por el abogado Óscar Valdés Ramírez, por la “omisión de aplicar lo dispuesto en el artículo 28 constitucional, omisión de no fijar los precios del combustible (gasolina)”.

Hasta el momento sólo 600 juicios están vigentes en los juzgados especializados, de las 2 mil 800 demandas de amparo contra el incremento diferenciado del precio de la gasolina y el diésel en la República Mexicana, que en su momento fueron aceptadas por el Poder Judicial de la Federación.

Poco más de 302 mil demandas de amparo se interpusieron. A casi un año, sólo prosperaron 600, de las cuales algunas están pendientes de resolver, de comprobarse que los actos reclamados son inconstitucionales, con uno de ellos que proceda se sentaría el precedente para otras demandas y eso llevaría a efectuar las modificaciones pertinentes a la ley.

La mayoría de los quejosos argumentaron que al fijar el precio de la gasolina dejan en estado de indefensión al consumidor y no dan trato de igualdad, pues los precios son desproporcionados e inequitativos, con lo que dan paso a la especulación y la anarquía comercial.

La zonificación para el incremento paulatino es violatoria de los artículos 1, 17, 28 y 31 de la Constitución Mexicana, pues no hay principio de equidad, proporcionalidad e igualdad ante la ley, lo que da pie a la discriminación para los habitantes de algunas latitudes del país.

“Demando amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades en su carácter de ordenadoras y ejecutoras, pues conculcan derechos humanos fundamentales de la parte lesa hoy quejosa conculcando el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, dice la solicitud.

VIGENTES

Hasta el momento sólo 600 juicios están vigentes en los juzgados especializados, de las 2 mil 800 demandas de amparo contra el incremento diferenciado del precio de la gasolina y el diésel en la República Mexicana, que en su momento fueron aceptadas por el Poder Judicial de la Federación.