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Así viven en Oxchuc, Chiapas. El lugar del eterno conflicto poselectoral

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Así viven en Oxchuc, Chiapas. El lugar del eterno conflicto poselectoral Por Gilbert Gil Hace 4 días

Oxchuc, Chiapas.- “El gobierno no tiene autoridad, no sabe solucionar el problema. Entonces, ¿qué más puede hacer uno?”, cuestiona Miguel Gómez, con sus 71 años a cuestas y los cinco integrantes de su familia viviendo hacinados dentro de un baño, la única estructura de cemento apenas habitable de su casa, reducida a cenizas el 24 de enero pasado durante un ataque a la comunidad que dejó cuatro muertos y 20 heridos.

A dos horas de Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado, en Los Altos de Chiapas, el municipio de Oxchuc vive un conflicto poselectoral que se ha prolongado durante dos años y medio, y mantiene a la comunidad en permanente alarma política y social. La población rechaza los partidos políticos y exige regirse mediante el Sistema Normativo Indígena; en consecuencia, no habrá elecciones municipales este 1 de julio, según decretó el Congreso del estado hace dos semanas.

Pero el conflicto no está resuelto y persiste la violencia. Las víctimas incidentales de los enfrentamientos se multiplican por todas las zonas del estado, como Miguel Gómez y su familia.

A don Miguel casi lo matan por un conflicto poselectoral que estalló en octubre de 2015, y del que se dice ajeno. Desde entonces se registra media docena de choques entre grupos de la población y simpatizantes de la alcaldesa María Gloria Sánchez Gómez, electa constitucionalmente pero impuesta por el Partido Verde del gobernador Manuel Velasco, desterrada por la comunidad, desaforada por el Congreso y actualmente investigada por la Fiscalía General del Estado por el asesinato de cuatro personas.

Casi 30 meses después, a Miguel Gómez le quemaron su casa, enclavada en un cerro, al lado de la carretera que lleva al centro del municipio. “Venían con pistolas, dispararon e incendiaron mi propiedad; ahora vivimos en este baño”, dice, y muestra a CAPITALMEDIA el cuarto de dos por dos metros que sobrevivió al incendio. Las pocas pertenencias que no se calcinaron están apiladas entre dos lavabos, un escusado y unas cuantas cobijas. Ya pasaron cuatro meses del ataque, no hay detenidos ni ayuda del gobierno del Estado.

Miguel Gómez. Foto: Gilbert Gil

La violencia en esta comunidad, de mayoría tzeltal, no es un hecho aislado.

Tan solo de enero de 2013 a mayo de 2017, hubo 46 casos de asesinatos en Chiapas por diversos conflictos: 15 de tipo político-electorales, 15 por diferencia entre comunidades u organizaciones, 10 por problemáticas familiares y seis por disputas e invasión de tierras, según el informe “Condición de los Pueblos Indígenas en México”, divulgado en noviembre de 2017 por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas (CDPI).

Raíces del conflicto

La crisis poselectoral en Oxchuc persiste. “La complicidad o la omisión del gobierno del estado, o las dos, generó expresiones muy violentas, con pérdida de vidas”, explica Jaime Martínez Veloz, titular de la CDPI desde enero de 2013 hasta noviembre de 2017.

Oxchuc “es la expresión de un desajuste que no ha sido atendido por el Gobierno Federal ni el estatal, y que provoca tensión social y violencia”, dice en entrevista telefónica. Aún más, “podría desatar nuevos levantamientos indígenas de manera local”.

Quien fuera presidente de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) durante la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, en 1995, entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), advierte ruptura en el tejido social y opacidad, omisión y desatención. “Los indígenas están olvidados y mientras no se les reconozca son un ’foco rojo’ para la elección”.

A esto se suma el involucramiento y administración del conflicto por parte del gobierno, lo que “ha llevado a la confrontación”, de acuerdo con el maestro en antropología social Eugenio García, investigador de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), dedicada al estudio de las comunidades indígenas.

El manejo de programas sociales con fines electorales explica el “músculo” que hoy tiene el Partido Verde en el estado, de la mano de “las alianzas concretadas desde 2001 y el impulso de candidaturas de origen indígena”, principalmente en Los Altos de Chiapas, incluso desplazando al PRI.

Luego de ganar la gubernatura en 2012, el Partido Verde se consolidó en 2015: obtuvo 689 mil votos en la entidad que representaron 25.5 por ciento del total nacional que recibió ese partido. Ese año ganó 59 alcaldías de 122 en disputa; en 2001 apenas tenía cuatro.

Sin embargo, ese avance se funda en la imposición de candidatos indígenas y personajes allegados a los partidos políticos, “generando tensión social y violencia; esto reflejó la incapacidad del estado para resolver los problemas”, explica Eugenio García en entrevista realizada en San Cristóbal de las Casas.

El investigador Willibald Sonnleitner, sociólogo del Institut des Hautes Etudes de l’Amérique Latine de París, y especialista en procesos políticos indígenas, aclaró que la disputa por el poder municipal no es ideológica, “es una lucha constante por el control de los recursos materiales y simbólicos”.

No más partidos ni muertos

Fernando López y su familia ya descansaban tras una larga jornada. A las 8 de la noche, unos gritos y disparos los alertaron. Alcanzaron a salir de su vivienda segundos antes de que una turba le prendiera fuego. El ataque era idéntico al que estaba padeciendo Miguel Gómez –comerciante, como él– apenas a 200 metros de ahí, aquel 24 de enero.

Así quedó la casa de Fernando López. Foto: Gilbert Gil

“La gente estaba dispuesta a matarnos; yo y mi mamá y toda mi familia salimos huyendo a la montaña”, cuenta Fernando mientras arrastra los pies entre los escombros y las cenizas del cuarto donde dormía.

El olor a madera quemada impregna lo que era la casa del joven de 30 años. En la construcción de cemento ya no vive nadie.

Algunas cosas se salvaron, pero lo que más agradece Fernando “es haber salido con vida”. En el piso aún brillan los casquillos percutidos.

Parte de lo que era su hogar era una tienda de abarrotes que apenas comenzaba. “Con eso tenía para sobrevivir, pero lo quemaron sin haber hecho yo nada. Si estuviera en la política, tal vez hubiera razón, pero yo no estoy ni con uno ni con el otro”, reclama.

Más de la casa de Fernando. Foto: Gilbert Gil

Esa misma noche murió Ovidio López Santiz. Él sí era parte del movimiento que se opuso a la alcaldesa María Gloria Sánchez Gómez y que rechazó la presencia de los partidos políticos en Oxchuc. Ovidio fue secuestrado a las afueras de la cabecera municipal y nadie supo más de él hasta el día siguiente, cuando encontraron su cadáver. Las heridas reflejaban la saña con que le mataron. Al día siguiente lo enterró su hermano Juan en un solar trasero de su austera vivienda de madera en la comunidad de Krusilja, a un kilómetro de la plaza central de Oxchuc, rumbo a Ocosingo. La tumba la abrió con sus propias manos, como si fuera a sembrarlo.

Cuatro meses después, sentado en esa misma tumba, le dice a CAPITALMEDIA: “Ya no queremos a los partidos políticos; por ellos, mi hermano murió.”

La omisión del estado y la ambición de los partidos políticos dividieron esta comunidad, y muchas otras en Chiapas. “Por eso no los queremos, para que esto se ponga en paz”, dice Juan López Santiz.

Juan López Santiz, durante la entrevista con CAPITALMEDIA. Foto: Gilbert Gil

Unas casillas sí y otras no

“No se va a permitir la instalación de casillas dentro de Oxchuc; lucharemos por regirnos por sistema normativo”, sostiene Gabriel Méndez López, abogado comunitario de Oxchuc, en entrevista en la Ciudad de México.

La batalla no es sólo jurídica. Este movimiento se involucró en la oposición a la alcaldesa María Gloria Sánchez Gómez. La noche de la masacre del 24 de enero, el abogado Méndez López recibió 10 tiros. Hoy está refugiado en la capital del país y bajo la protección de la Procuraduría General de la República.

El municipio tiene una población de 43 mil 350 habitantes, de los cuales 32 mil 600 están en el padrón electoral. De estos, un abrumador 87.3 por ciento, es decir, 28 mil 467 personas, avalan las elecciones por Sistema Normativo Indígena, asegura Méndez López, quien representó a la comunidad en la solicitud de suspensión del proceso electoral presentada el 6 de marzo ante el Congreso del estado, que lo avaló el 2 de abril.

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC, la autoridad electoral del estado) ha dicho que las urnas sí se instalarán en Oxchuc para la elección de presidente de la República, gobernador, senadores y diputados federales y locales, pero se cancela la elección municipal.

Oxchuc “no es un ‘foco rojo’, desestima Oswaldo Chacón, consejero presidente del IEPC, entrevistado en las instalaciones del órgano electoral en Tuxtla Gutiérrez, pero tiene que aceptar que “es el único municipio donde no se ha instalado nuestro consejo electoral”.

Oportunidad y riesgo

Desde agosto de 2001, la Constitución garantiza el derecho de libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas en México, pero sólo 419 municipios del país se rigen por medio del Sistema Normativo Indígena, todos ellos en Oaxaca, excepto uno en Cherán, Michoacán, y otro en Ayutla de Los Libres, Guerrero.

Paradójicamente, “Chiapas es el único estado que no reconoce a las autoridades tradicionales como entes de decisión política”, explica a CAPITAL MEDIA el fraile dominico Gonzalo Ituarte Verduzco, quien fuera vicario de Justicia y Paz de la Diócesis de Chiapas y secretario técnico de la Comisión Nacional de Intermediación que presidiera el entonces obispo Samuel Ruiz.

“Se trata de la última oportunidad de construir un mecanismo de reencuentro entre las comunidades y las instituciones del estado. El equilibrio es frágil se pueden descomponer más las cosas”, coincide Jaime Martínez Veloz. La irritación en las comunidades es abierta, “todas tienen un común denominador: la explosión de los pueblos indígenas; se debe tener mucho cuidado”.

A orillas del camino a Oxchuc hay casas incendiadas, camiones quemados, pintas contra los partidos políticos. “Sabemos muy bien quiénes organizó el masacre (sic). Entonces, lo que queremos nosotros como familia, como pueblo, es la justicia”, dice Juan López Santiz, en la tumba de su hermano. “Si no hace nada el gobierno, también podemos hacer la justicia. Pero no es el camino, ¿verdad? No es el camino. Lo que queremos es la justicia”.

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