El problema de los delfinarios en México

XAVIER RODRÍGUEZ 

En lo que va de la actual administración Federal, las autoridades ambientales otorgaron ocho permisos de funcionamiento para delfinarios en México.

El problema parte de que “la Semarnat degenera la interpretación de las leyes y, sin ningún fundamento, argumentación o comprobación, concede el reconocimiento de carácter de objeto científico a los delfinarios”, explicó Víctor Hirales, presidente de la organización Derecho Sin Fronteras (DSF).

La agrupación combate cualquier afrenta a los derechos de las personas sin discriminación de especie, etnia o género.

Según el especialista, los establecimientos conocidos como delfinarios “son negocios de tráfico y explotación de mamíferos marinos” y no tienen las funciones de investigación científica o de verdadera preservación.

Hasta la fecha no hay una sola investigación hecha por delfinarios que pueda considerarse trascendente o relevante, de carácter científico, útil, en la historia de estos establecimientos en México.

“Sólo brindan informes de las causas de muerte y éstas señalan que son por cuestiones infecciosas y la supresión del sistema inmunológico; es decir, la causa es el cautiverio”, comentó.

Según solicitudes de información públicas ninguna de las compañías relacionadas con el negocio de los delfinarios en México tiene un carácter de investigación científica (no están dadas de alta en Conacyt) y ninguna realiza estudios de delfines en su hábitat natural.

Prohibición de delfinarios en el país en el limbo

Lucro, explotación y muerte

El presidente de DSF señaló que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) reconoce a los delfinarios como establecimientos que llevan a cabo un objetivo de “conservación” de una especie en peligro de extinción, lo que permite “que sigan con el lucro y la mercantilización de las especies”.

La iniciativa ingresada al Congreso por el diputado Jesús Sesma, del PVEM garantiza la operación de estos negocios por cerca de 35 años, de ser aprobada.

La propuesta suscribe en sus artículos transitorios que a los delfines se les explotará “hasta su muerte” por lo que en términos reales, se protege a la industria por los 35 años que en promedio viven los delfines en cautiverio, explicó el ambientalista.

El maestro en Ciencias Jurídicas hizo hincapié en que en dicha iniciativa se omite “dolosamente” mencionar que quien otorga permisos y licencias al respecto es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Según el activista, los legisladores del PVEM “tienen la responsabilidad moral de decir que son ellos mismos quienes aprueban tales disposiciones y han impulsado esta industria, pero no lo hacen”.

Para tener una idea del volumen de dinero que se maneja en este negocio, hay que considerar que el costo de un delfín varía desde los 700 mil pesos, hasta más de 150 mil dólares.

Además, en tan sólo un año, en sitios turísticos como Quintana Roo, un delfín puede generar hasta un millón de pesos en ganancias, según los datos de la organización “Delfines en Libertad”.

Fraudeterapia

El especialista ambiental explicó que el pretendido beneficio de las terapias asistidas con delfines es una “charada”, ya que está comprobado por estudios científicos y autoridades en la materia que la interacción con animales como perros, gatos, caballos, incluso la terapia de abrazos entre humanos, tiene los mismos resultados.

“Todas las conductas que son obligados a ejecutar estos mamíferos marinos –el nado con delfines, el footpush– todas, les provocan un daño. Todas están prohibidas, están penalizadas y, sin embargo, se llevan a cabo con el cobijo y la anuencia del PVEM y la Semarnat”, refirió el experto.

“Estas conductas deberían ser perseguidas penalmente, las terapias de acompañamiento son un fraude, un engaño a padres desesperados”, afirmó.

Propuestas

El presidente de DSF informó que hay una propuesta de su organización en comisiones del Congreso, que busca una reforma al artículo 420 del Código Penal Federal para obligar al Estado a la creación de santuarios y a establecer una estrategia de remediación.

El gobierno “debería inspeccionar cada 15 días cada establecimiento, así como revisar las investigaciones que llevan a cabo y hacerlas públicas”, comentó el activista.

Cuatro apps para perros, gatos y más…

JCS