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Sin investigación, la única manera de consolidar los casos es la flagrancia. Foto: Cuartoscuro
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Israel Yáñez G
Hace 5 meses | Facebook Twitter Whatsapp

Cerca de 50 por ciento de las personas detenidas en la Ciudad de México son reincidentes, muchas de ellas han delinquido más de dos veces, ello significa que son conocedores de los beneficios otorgados por el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, así como de las deficiencias institucionales.

Lo grave es que ni el personal de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ni los jueces están apoyando sus investigaciones y acusaciones ministeriales, así como sus criterios jurídicos, con las pruebas obtenidas a través de medios tecnológicos y base de datos de inteligencia policial.

Es decir, no solicitan a la Secretaria de Seguridad Pública local los videos u otros elementos con los cuales se podría imputar al indiciado y solicitar la prisión preventiva oficiosa y así evitar la reincidencia.

Al respecto, el subsecretario del Estado Mayor de la SSPCDMX, José Gil García, dijo en entrevista para CAPITALMEDIA, que los reincidentes conocen la falta de coordinación entre las instituciones y se aprovechan de eso para seguir delinquiendo de una manera tan simple como cambiándose el nombre.

En este sentido, como las instituciones encargadas de las investigaciones no cruzan la información con otras áreas de inteligencia, los infractores alcanzan su libertad para seguir delinquiendo, incluso tienen el registro de una persona detenida al menos siete ocasiones por robo de autopartes, y ésta ha evadido a la justicia utilizando identidades falsas.

“Ni los Ministerios Públicos ni los jueces nos piden a las áreas de inteligencia la información que tenemos de seguimientos, de reconocimientos, de videos y –mucho menos– el análisis de esta información, y con ello hacer la integración de una carpeta de investigación; una teoría del caso, por ejemplo, no nos piden los videos de los robos a cuentahabientes al interior de los bancos, y luego dicen que la víctima no los reconoció y no hay imputación firme y categórica”.

“El tema es que tanto los fiscales como los jueces tienen que pedirle a las áreas de inteligencia, que son las que integran y obtienen la información tanto de cámaras, como de bases de datos, lo que ocurre en las calles, y que es información de operación policial y que debe analizarse; bueno, toda esta información no es solicitada ni por el Ministerio Público ni por los jueces.

El funcionario explicó que esta información forma parte de todo el contexto en que se desarrolla el delito, pero no son solicitados ni por las detenciones en flagrancia ni para las investigaciones sobre fenómenos delictivos, grupos criminales, modus operandi o para resolver casos donde no hay detenidos o indiciados, entre otros.

José Gil explicó que se presume que al menos 50 por ciento de los detenidos son reincidentes, y de ellos, aproximadamente 20 por ciento tiene más de dos aprehensiones, principalmente por robo en diversas modalidades.

“Las grandes bases de datos, la gran información generada por las cámaras (de seguridad) de la Ciudad de México, el cruce de toda esta información y que genera consignas específicas sobre objetivos específicos, pues no están siendo aprovechados y estamos siendo rebasados nuevamente por el tema de la flagrancia”.

Esto significa que no hay una buena coordinación entre las instituciones encargadas de la prevención, procuración e impartición de justicia, y eso lo intuyen los criminales, y lo aprovechan para seguir cometiendo delitos.

“Aunado a esto, no hay una adecuada coordinación, pues el resultado es lo que está pasando, estamos vinculando a proceso, estamos resolviendo en los juicios orales lo que se agarra en flagrancia y no estamos generando investigación”.

Enumeró que, por ley, quienes generan las bases de datos dentro de la institución, como lo es la inteligencia táctica y de gabinete, es el Estado Mayor Policial y Formación de Inteligencia Policial, pues las investigaciones para la prevención del delito son prioritarias, pero tal información no es aprovechada ni por las procuradurías ni por los jueces.

“Esa información es muy basta, de muy alto nivel, que guarda la lógica de elevar los indicios a evidencias; es decir, el indicio es lo que se encuentra en el lugar de los hechos, pero concatenado con otra serie de elementos de prueba, da más elementos a fiscales y jueces para hacer una teoría del caso, que se va a ver reflejada en una sentencia ecuánime”.

 

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