Desnivela falta de capacitación balanza de la justicia en México

La entrada en vigor del Nuevo Sistema Penal Acusatorio ha generado opiniones encontradas respecto de los posibles orígenes de las fallas en su aplicación, y en respuesta hay quienes proponen volver a agravar diversas figuras delictivas, mientras que otros aducen que no es el sistema el que ha fallado, sino quienes lo aplican.

Durante su encargo como coordinador de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago), el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, propuso agravar otra vez todos los tipos de robo, así como la posesión de armas, reforma al sistema penal que se llevaría hasta el Congreso de la Unión.

Sin embargo, expertos en derechos humanos, seguridad y derecho, opinan que mientras no se combata la corrupción, se trabaje en la sensibilidad de los servidores públicos sobre el trato a las víctimas y la trascendencia de su trabajo en el avance del sistema penal, no se podrán ver las bondades del sistema acusatorio.

Los especialistas convergen en que no es agravando una vez más los delitos como podrán resarcirse los yerros del sistema, pues se propone volver a meter a las personas a la cárcel, pero no reforzar la capacitación de los funcionarios y sancionar a aquellos que sean sorprendidos en actos de corrupción.

En este sentido, Vicente Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, advirtió que no se pueden hacer los cambios que menciona Mancera, porque no se han analizado de manera sustancial las causas de las fallas en el sistema.

“No se puede hacer un cambio sí no hay un análisis adecuado de los indicadores. Hacer un cambio sin saber específicamente qué es lo que queremos cambiar; sobre todo, hacer un análisis autocrítico de hasta dónde hemos llegado a implementar lo que el sistema prevé. Me parecería una ingenuidad, una falta de respeto para todos los mexicanos, un desperdicio de recursos y un riesgo muy importante para mantener la violación a los derechos humanos en el país”, expresó el especialista.

Subrayó los grandes beneficios de la oralidad en un país donde las violaciones al debido proceso, a las garantías individuales y la fabricación de culpables son una constante para resolver los crímenes.

Operadores

“El Sistema de Justicia Penal tiene unas bondades innegables en un país donde la violación a los derechos humanos, la fabricación de culpables, la improvisación en investigaciones o la falta de acceso a la justicia ha sido una constante. Entendemos que haya ajustes que se puedan necesariamente hacer; sin embargo, en algo en lo que hemos insistido es que si las capacidades instaladas de los operadores del sistema corresponden a la realidad. En el trabajo de campo que nosotros hemos hecho es que las fallas no tienen que ver con el sistema, sino con los operadores”, subrayó.

Gabriel Regino, doctor en derecho, advirtió que mientras no se “eduque” a los operadores del sistema penal y a la población sobre cuáles son sus derechos y las bondades del nuevo sistema, la sociedad seguirá permitiendo atropellos y corrupción que se traducen en violaciones al debido proceso que, a la larga, significan la libertad para sus agresores.

Por ello, dijo, se debe trabajar en la capacitación, educación y sensibilización de los servidores públicos, de lo contrario no habrá sistema que pueda dar buenos resultados, pues el anterior sistema –de corte inquisitivo– también colapsó al haber abarrotado las cárceles con personas acusadas por delitos culposos o de baja cuenta.

“Es completamente falso que por el Sistema Acusatorio o por la Miscelánea Penal hayan salido miles de personas para delinquir, eso es absolutamente falso; lo que está sucediendo es que existe una mala operación, principalmente de los ministerios públicos, por su incompleta capacitación en el tema de las medidas cautelares.

“El hecho de que exista el fenómeno de lo que se interpreta como la ‘puerta giratoria’ es debido a la mala argumentación de los ministerios públicos, que hacen en las audiencias, tanto de control de detención como de medidas cautelares, eso es lo que está sucediendo”, dijo el experto.

“Hipergarantismo”

Juan Francisco Torres Landa, secretario general de la organización civil México Unido Contra la Delincuencia, reconoció las bondades del nuevo sistema penal, y que el problema no se encuentra en el supuesto “hipergarantismo”, sino en la falta de preparación de los servidores públicos involucrados.

Indicó que evitar que la gente llegue a los reclusorios y el ahorro al erario, sólo son algunos de los objetivos del sistema, pues despresurizar las cárceles significa que menos familias están siendo desintegradas y que ese miembro del núcleo no está siendo separado.

Otra de las ventajas de sacar a los primodelincuentes de las cárceles es que ya no se contaminan mediante la convivencia con reos que compurgan penas de por vida, y que no les importa seguir delinquiendo en prisión.

Atribuyó mucha de la reincidencia en la impunidad con la cual los verdaderos criminales, no los primodelincuentes, pueden entrar y salir de las cárceles, pero con base en las deficiencias de los servidores públicos encargados de procurar justicia, que no saben integrar las carpetas de investigación ni fundamentar la teoría del caso.

Incluso, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, advirtió que juzgadores federales diariamente se enfrentan a la impunidad e ineficiencia de la justicia penal, “que no deja de mostrar los lados más oscuros de su peor rostro”.

Subrayó que al Poder Judicial de la Federación (PJF) corresponde construir, mediante la resolución de problemas concretos, una nueva institución de largo alcance que responda a los desafíos presentes y futuros.

Capacitación

El especialista en temas de seguridad y criminalística, Martín Gabriel Barrón señaló que no es posible atribuirle al sistema penal el hecho de que no se pueda terminar con la impunidad y corrupción en los servidores públicos, pues las autoridades saben cuál es el mal que aqueja a la sociedad no sólo en el ámbito penal, de procuración e impartición de justicia.

Advirtió que muchas consultorías se iniciaron millonarias cobrando por la supuesta capacitación de servidores públicos, y que ahora se ve que sólo le sacaron dinero al Estado, pues no hay resultados efectivos.

“El gran problema del Sistema Acusatorio es la pésima capacitación que hubo durante los últimos ocho años, porque muchos de los operadores del sistema, sobre todo peritos, policías, ministerios públicos, en su gran mayoría no lo saben aplicar y siguen cometiendo los mismos errores”, adujo.

Lamentó la postura del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, de querer agravar de nuevo los delitos, pues uno de los principales preceptos, y que él mismo apoyó cuando era procurador, era despresurizar las cáceles y evitar que los primodelincuentes se contaminaran con los reos peligrosos en los reclusorios.