Desplazan a madre de víctima de feminicidio

 

Hostigamiento de feminicida obligó a Irinea, activista de Chimalhuacán, a huir de su casa


Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio por parte de su esposo Julio César Hernández Ballinas, comandante de la Policía Judicial del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, denunció agresiones del asesino de su hija, quien pese a estar sentenciado y preso sigue con una “red de apoyo, poder y control en la zona oriente”, señaló la mujer.

Buendía, quien desde junio de 2010 inició el camino para que el feminicidio de su hija no permaneciera impune, detalló mediante una carta que han tenido que desplazarse de manera forzada de su hogar ante el riesgo, pues los actos intimidatorios no cesan.

“Nuestra familia ha sido agredida, hostigada y seguida en múltiples ocasiones. Somos objeto de agresiones físicas, difamación, amenazas de muerte y fabricación de delitos en nuestra contra”, relató.

En la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, recriminó que las autoridades no protejan sus derechos ante esta situación, e hizo un llamado al estado para proporcionarle medidas que salvaguarden tanto su vida como la integridad personal de cada integrante de su familia.

Acompañada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Buendía Cortés es reconocida a escala nacional e internacional por su lucha para lograr el acceso a la justicia tras el feminicidio de su hija de 28 años, el 28 de junio de 2010, lo que derivó en 2015 en la sentencia 554/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenó que el caso –que había sido cerrado calificando la muerte de Mariana Lima como suicidio– se reabriera para que fuera investigado como feminicidio.

La mujer lamentó que las recomendaciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia en 2013 –tras el caso de su hija– sigan sin cumplirse cabalmente y prevalezcan las omisiones, negligencias y falencias en los casos de feminicidio.

Irinea recordó que las instancias de procuración de justicia tienen la obligación de investigar toda muerte violenta de una mujer con perspectiva de género y derechos humanos; así como la aplicación de protocolos que permitan verificar si existió una situación de violencia o vulnerabilidad en la víctima por razones de género.

De ahí que hizo un exhorto a las autoridades para que acepten la creciente ola de feminicidios, que consideró como grave por la saña y las maneras como las mujeres y niñas son asesinadas en el país, y de manera particular en el Estado de México, en donde, según datos del Inegi, cuatro mujeres son asesinadas cada día.