Discrimina PGR con recompensa: Artículo 19

 

Soslayan la investigación de otros homicidios y desapariciones


La Procuraduría General de la República (PGR) publicó en el Diario Oficial de la Federación seis acuerdos en los que ofrece recompensas de hasta un millón y medio de pesos por información que lleve a la aprehensión de los probables responsables del delito de homicidio cometido en agravio de periodistas.

En las publicaciones se ofrecen recompensas a quien o quienes proporcionen información veraz y útil, que coadyuve a la aprehensión de los probables responsables del delito de homicidio contra los periodistas Cecilio Pineda Birto, Ignacio Miranda Muñoz, Javier Arturo Valdez Cárdenas, Maximino Rodríguez Palacios, Miroslava Breach Velducea y Sonia Córdova Oceguera.

Arbitraria

Al respecto, Leopoldo Maldonado, integrante de la organización Artículo 19, catalogó la medida como arbitraria y discriminatoria con respecto a los otros colegas que se encuentran en situación de desaparecidos o asesinados, pues esa recompensa por sí misma no solucionará nada, de ninguna manera puede sustituir la obligación que tienen las autoridades para investigar con la debida diligencia estos casos.

“Al final quieren sustituir este deber de investigar con debida diligencia mediante la emisión de estos acuerdos administrativos en los que ofrecen recompensas y buscan que alguien brinde información a manera de ‘soplones’ o ‘chivatos’ sin que ellos realicen la labor que esta mandatada por ley”, expuso.

En entrevista para CAPITALMEDIA, Maldonado apuntó que con las recompensas se busca mostrar que “están preocupados por dar con los responsables”; sin embargo, recriminó que se haga, en muchos de los casos, “a varios meses o años de que ocurrieron los hechos y eso denota que no saben que las investigaciones tienen una conducción debida, que no están bien dirigidas y que evidentemente no saben dónde buscar”.

“Tapar el sol con un dedo”

Para Víctor Ruiz Arrazola la acción de la PGR es “querer tapar el sol con un dedo”, pues a la procuraduría y en especial la fiscalía especializada para los delitos cometidos contra la libertad de expresión les ha faltado voluntad política para investigar de forma eficiente los asesinatos de periodistas.

El ejecutivo de protección de la Casa de los Derechos de Periodistas, dijo que hasta que el presidente Enrique Peña Nieto puso en su agenda la investigación de estos homicidios la PGR acudió a la ciudadanía para que la ayude a investigar. Por ello, tachó de inaceptable que la PGR “ante su incapacidad para investigar ahora sí recurra a la ciudadanía a que le ayude. Esto es una muestra más de que no tienen los elementos suficientes para poder hacer su trabajo”, acusó.

Indignante

En Veracruz, entidad con el mayor número de comunicadores asesinados, el anuncio provocó indignación. Los compañeros de Regina Martínez, asesinada en 2012, consideraron que esta acción no puede ser exclusiva para seis casos, sino para todos los que han muerto por incomodar con su labor informativa.

“Creo que no debiera de existir sólo para ellos, si lo iban a hacer tendrían que haber recapitulado todos los asesinatos, que están inconclusos, que no están resueltos, como el de Regina Martínez y los demás que han sido asesinados en Veracruz, no únicamente los más recientes o los que tomaron relevancia nacional por ser corresponsales”, sostuvo Roxana Aguirre, reportera de radio y televisión.

La recompensa para esclarecer asesinatos sólo de periodistas resulta insostenible, consideraron otros, cuando hay miles de mujeres, jóvenes e incluso niños asesinados en manos del crimen organizado sin que hasta el momento sus casos hayan sido resueltos, por lo que esos recursos deben utilizarse para reforzar el combate a la delincuencia.

“Ese recurso debería ser utilizado para combatir la crisis de inseguridad de fondo, es triste la muerte de los periodistas, al igual que lo es la de cientos de mujeres, jóvenes, hombres y niños que han sido víctimas del crimen en este país”, opinó Martín Ramírez, reportero.

Recompensa

“Como una práctica del viejo oeste donde los malos tenían un precio”, opinó Guillermo Muñoz, para quien la recompensa tiene un valor nulo como estrategia para detener los asesinatos de periodistas, pues asegura que “la recompensa no ayuda en nada, sino que más bien se deben hacer acciones preventivas y dar un marco de seguridad y estado de derecho para que no sólo los periodistas, sino cualquier actividad y profesión se pueda ejercer bien y con la tranquilidad de que nadie se meterá contigo”.

Justicia

Aunque las opiniones variaron, la exigencia y reclamo fueron los mismos: que se haga justicia a todos los periodistas asesinados, pero también a todas las familias que han perdido a uno de sus miembros en manos de la delincuencia organizada y que los recursos que se utilicen en las estrategias de seguridad por fin tengan resultados.

La recompensa de la PGR no incluye el caso de Salvador Adame, director del Canal 6 de Media TV, quien fue secuestrado el pasado 18 de mayo en Nueva Italia, Michoacán, y de que quien hasta el momento no hay información sobre su posible paradero.