Dudan de la PGR familiares de víctimas de San Fernando

“Me dijeron ése es su papá. Me enseñaron una bolsa con pedacitos; con mi hermana Nancy me entregaron agua y una bolas de papel. Hasta el momento no hemos obtenido la verdad, no hemos obtenido la justicia”, dijo Glenda García.

El saldo, en el séptimo aniversario del hallazgo de las fosas con 72 cuerpos encontrados en San Fernando, Tamaulipas es de hermetismo, impunidad y omisiones en las pesquisas, denunciaron familiares y organizaciones de la sociedad civil.

“Nosotros queremos que se haga la exhumación porque tenemos dudas pues con mi hermano y mi papá no se hizo la prueba del ADN, pedimos al Estado que se haga la exhumación para verificar que se trata de mis familiares”, expresó Glenda.

La mujer que encontró a cinco de sus familiares en las fosas de San Fernando tiene muchas dudas sobre la actuación de las autoridades al aplicar los protocolos de identificación, por ello, está solicitando la exhumación de los restos, para que expertos hagan un nuevo análisis a través de la Comisión Forense.

Hace siete años se registró uno de los hechos más violentos de la historia contemporánea de México: el hallazgo de una fosa con los cuerpos de 72 personas, algunas de ellas migrantes procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, entre otros países.

Ahora, los familiares de las víctimas siguen pidiendo justicia al denunciar la impunidad, hermetismo y omisiones de la Procuraduría General de la República (PGR).

Informaron que la duda surge cuando les entregan los restos mortuorios de sus familiares, en bolsas con pedazos de hueso, con agua en su interior, o papeles con algunas muestras óseas, cenizas en una caja, pero ningún certificado pericial en el que se estableciera de manera científica y comprobable que se trataba de la persona desaparecida.

Para despejar las dudas sobre el trabajo de las autoridades sobre la aplicación de los protocolos de actuación para la identificación de cadáveres se tramitaron dos amparos para que les permitan a los familiares y organizaciones civiles acceder a la averiguación previa sobre el asunto.

Más que establecer cuál es el estatus de la averiguación o la identidad de los testigos, se pretende puntualizar si la actuación de la PGR es la adecuada para establecer la identidad de las víctimas.

“Este caso llega a la Corte porque es PGR quien pide que lo atraiga, quien tuvo el caso primero fue la (ex)ministra Olga Sánchez Cordero y lo que nosotros sabemos es que primero venía con un proyecto positivo en el sentido de que se otorgaba el amparo y que se decía que el Inai tenía la facultad de clasificar los casos como graves violaciones y que tenía que decirle a la PGR si correspondía o no que se otorgara el acceso.

“Pero sabemos que se cambió el proyecto, en un sentido negativo, como no hubo acuerdo lo que decidieron fue pasarlo al pleno”, explicó Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.

Al respecto, Ana Cristina Ruelas, directora general de la organización Artículo 19 detalló que existen dos amparos que se van a discutir en septiembre ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que vienen debatiendo desde 2011 y 2013 y tienen que ver con el acceso a la versión pública de la averiguación previa de la masacre de los 72 migrantes.

Explicó que hace seis años, tanto Artículo 19 como la Fundación para la Justicia solicitaron a la PGR el acceso a estos documentos tomando en cuenta que había una posible inacción del Ministerio Público al considerar que el caso de los 72 migrantes no había sido catalogado como violaciones graves reiteradas, pues fueron tres masacres consecutivas y había indicios de participación de policías municipales.

Elementos suficientes para dar pauta al acceso a los expedientes y se catalogara como violaciones de acceso a la información; sin embargo, las autoridades correspondientes se negaron a ello, por lo que los quejosos apelaron al amparo.