Eligen a la Asamblea Consultiva de la CEAV

 

El Senado de la República eligió a los nueve ciudadanos que formarán parte de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas


El Senado de la República eligió a los nueve ciudadanos que formarán parte de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que se desempeñarán en el cargo por cuatro años.

En la votación, que se realizó por medio de cédula, Carlos Alberto Cruz Santiago, obtuvo 75 votos en pro, 11 abstenciones y uno en contra; Liz Ivette Sánchez Reyna 76 en favor, 10 abstenciones y uno en contra; Luis Enrique González Araiza 75 favorables, 11 abstenciones y uno en contra; Irma Leticia Hidalgo Rea, 76 votos en favor, 10 abstenciones y uno en contra.

En tanto, Juan Manuel Estrada Juárez fue electo con 60 votos en pro, 23 abstenciones y cuatro en contra; Norma Librada Ledezma Ortega, 75 en favor, 11 abstenciones y uno en contra; Guillermo Osorno Covarrubias, obtuvo 76 en favor, 10 abstenciones y uno en contra; Juan Pablo Girault Ruiz, 75 en pro, 11 abstenciones y uno en contra.

Laura Adriana Bautista Hernández fue electa con 75 votos en favor, 11 abstenciones y uno en contra. Los integrantes de la Asamblea Consultiva tomarán la protesta de ley en una próxima sesión del pleno del Senado.

En el dictamen, los integrantes de las comisiones unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia, exponen su coincidencia con la CEAV en la necesidad de contar con una Asamblea Consultiva que represente un espacio de reflexión y comprensión de los efectos que el delito o las violaciones a derechos humanos implican sobre la vida de una persona.

Las comisiones concluyen que los aspirantes a integrar la Asamblea Consultiva de la comisión cumplen con los requisitos precisados en el artículo 84 de la Ley General de Víctimas, sin que exista impedimento legal para que sean propuestos al Senado de la República para ejercer dicho cargo.

Con estas propuestas, añadieron, se garantiza la perspectiva de género, el enfoque diferencial y especializado, en atención a criterios de regionalización que representa a todas las víctimas del país. Asimismo, se considera que se pretende continuar promoviendo los derechos a la asistencia, protección, verdad, reparación integral y la debida diligencia, para el fortalecimiento institucional y profesional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Al presentar el dictamen, la senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación, explicó que la elección de los consejeros garantiza la perspectiva de género, da un enfoque diferenciado y especializado, además atiende criterios de regionalización que representa a todas las víctimas del país.

Precisó que durarán en el cargo cuatro años y podrán ser ratificados por un periodo igual en los términos que dispone la ley. Dijo que la integración de la Asamblea Consultiva es fundamental para el funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, pues cuatro de sus miembros formarán parte de la Junta de Gobierno de la Comisión Ejecutiva.

Por la Comisión de Derechos Humanos, su presidenta, la senadora Angélica de la Peña Gómez, indicó que el proceso se repuso para garantizar la participación de diversas organizaciones y reflejar la pluralidad del país.

Las nueve personalidades, agregó, reflejan la diversidad de las materias que tienen que ser atendidas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. También destacó la presencia de mujeres que representan a sus organizaciones.

La presidenta de la Comisión de Justicia, senadora María del Pilar Ortega Martínez, remarcó que por única ocasión, el Senado participará en la designación de los integrantes de la Asamblea Consultiva, a partir de nueve propuestas presentadas por el comisionado Sergio Jaime Rochín, el 25 de septiembre pasado.

En tribuna, la senadora Dolores Padierna Luna destacó que con la inserción de la Asamblea Consultiva se abre un nuevo espectro de posibilidades para mejorar la atención y las medidas de intervención para todas las víctimas del delito y de las violaciones a los derechos humanos en México.