En cuatro años 30 ahorradores defraudados de FICREA han fallecido

A cuatro años del fraude de más de 6 mil millones de pesos cometido contra  accionistas de FICREA, 30 ahorradores han muerto, pues muchos de ellos sufrían problemas de salud que se aceleraron con la estafa, y la impunidad con que se ha llevado el caso.

“Esos 30 muertos que ha habido son responsabilidad de las autoridades, pues mucha gente por la  angustia, por no tener los recursos económicos para sus medicamentos, porque eran mayores de edad, el rango de edad de los afectados es de 75 años en promedio, 30 fallecieron en cuatro años.

 “La mayoría de ellos eran personas de edad avanzada, pero murieron por no tener los recursos para su sostenimiento y comprar los medicamentos para sus enfermedades crónicas, que se agravaron luego del fraude que sufrieron, todos los bienes los tenían invertidos en la ahorradora”, dijo el abogado, Javier Paz Zarza de la Comisión de Ahorradores.

 Hasta el momento no hay ninguna persona en prisión por uno de los fraudes más grandes en la historia de México, y tampoco se han ejecutado las ordenes de aprehensión en contra de los implicados, inclusive Rafael Olvera Amezcua señalado como el autor intelectual de la estafa ha ganado juicios de amaro en contra de las ordenes de captura, denunció el litigante.

 En conferencia de prensa, el abogado Fauzi Hamdam representante de mil 600 ahorradores defraudados, precisó que este miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la oportunidad histórica de hacer justicia a las personas que sufrieron severos daños en sus patrimonio.

 La Segunda Sala resolverá un recurso de reclamación interpuesto por los afectados para que sea la SCJN  del caso de la Financiera Popular, quien defraudó a más de 6 mil personas en el 2014, y se estima que el monto asciende a los 6 mil millones de pesos.

 El exdiputado federal confió que este miércoles la SCJN haga justicia a favor de aquellas personas que perdieron su patrimonio por malos manejos por parte de los administradores de FICREA, y después por negativas de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de regresar el dinero a los ahorradores, pues en todos estos años el dinero recuperado alrededor 4 mil millones de pesos han generado intereses estos años pues no han estado congelados.

 En ese sentido—explicó—las autoridades pretenden que los ahorradores recuperen la mitad de su dinero hasta que se agote el concurso mercantil, a lo que los afectados se han opuesto, pues no quieren recibir su dinero en partes.

 Los afectados presentaron un juicio de amparo para que se deslindara al Gobierno Federal del asunto y que no se revisara bajo el esquema de un concurso mercantil pues con ello no se garantiza que recuperen el total de su inversión, pues el Fondo de Protección sólo cubrirá a sus ahorradores el cincuenta por ciento del monto.

  Las víctimas pretendían que la Corte estableciera si hubo negligencia por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores  (CNVB) en el fraude y en su caso se determine que el Gobierno Federal está obligado por está negligencia y omisión a hacerse responsable del adeudo y  devuelva la totalidad de los ahorros a los casi mil afectados que se adhirieron al amparo en revisión bajo el expediente de la SCJN 266/2016.

 Descartó que el hecho de que la ministra Margarita Luna Ramos—integrante de la Segunda Sala– sea una de las afectadas vaya a suponer un criterio en el ánimo del resto de sus pares, pues sólo se discutirá la admisión del recurso de reclamación por el que se espera que atraiga el caso para su posterior resolución.

 En caso de que así suceda, entonces la ministra queda imposibilitada para discutir el tema de fondo, ahí si quedaría dispensada de entrar en la polémica, pero eso sería en caso de que se admita el recurso.

 En su momento, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó a través de una tarjeta que el Juzgado Decimocuarto en Materia Civil  reconoce en su sentencia  como acreedores en grado común a 4 mil 907 personas –físicas y morales-, así como a 14 acreedores en grado subordinado.

 Además, existen 139 juicios laborales seguidos en contra de la empresa que se declaró en quiebra, en los que si bien no se ha emitido laudo en el cual se le condene, el juez ordenó al síndico Javier Luis Navarro Velasco, mantener bajo reserva los bienes correspondientes para que en el momento en que sea emitida una resolución condenatoria se garantice el pago de lo reclamado por los acreedores.

 Con base en las investigaciones ministeriales, los 2 mil 700 millones de pesos que supuestamente sustrajo el socio mayoritario, Rafael Olvera Amezcua fueron invertidos en negocios de bienes raíces, pues adquirió varios inmuebles en diversas partes del mundo, así como lotes de autos, movimientos financieros que no fueron reportados a sus socios.

 Olvera Amezcua hacía firmar a los ahorradores diversos documentos, sobre créditos de la CNBV, y es ahí donde se realizaba el desvió  de fondos.

 Del total del fraude se pudieron recuperar 3 mil 200 millones de pesos entre bienes e inmuebles,  pero aún siguen sin ser recuperados 2 mil 700 millones mismos que  presuntamente obran en cuentas bancarias en el extranjero.