Exige Borge respeto a su dieta para dejar huelga

 

El exgobernador preso dejó de probar comida hace dos semanas


Roberto Borge Angulo, exgobernador de Quintana Roo, abandonará la huelga de hambre que inició hace dos semanas si las autoridades panameñas le permiten ingresar a la cárcel alimentos distintos a los que ahí le dan, dijo su abogado, Arturo González Baso. “Si le llevan comida de afuera, él suspendería la huelga de hambre”, aseguró el abogado en entrevista radiofónica.

Agregó que los alimentos deben formar parte de un plan nutricional que llevaba en México, consecuencia de una cirugía que tuvo, que le impide comer ciertos productos.

Borge también pidió que “al menos un médico vaya a verlo y atenderlo”, con el fin de dar seguimiento a su cirugía.

El abogado explicó que iniciará una audiencia en la sala penal de la Corte de Panamá, en la que la defensa busca frenar el proceso de extradición con el argumento de que la detención del exgobernador de Quintana Roo fue ilegal.

“Es detenido ilegalmente por funcionarios de migración que ingresan a un avión de bandera extranjera, sin haber cumplido con los requisitos de la ley consular”, afirmó.

Aunque la Corte falle en su contra, explicó, la defensa todavía tiene recursos para evitar que Borge sea extraditado, entre ellos acudir a instancias internacionales.

Borge compareció ante magistrados de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Panamá para ratificar que apela la decisión del gobierno de Panamá de autorizar su extradición a México.

La Procuraduría General de la República confía que no exista ningún argumento para negar la extradición.

La solicitud formal de extradición de Roberto Borge corresponde a cuatro delitos, uno que es de orden federal y corresponde a operaciones con recursos de procedencia ilícita: otros tres del orden estatal por peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública.

Acusaciones

El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, está acusado de los delitos de peculado, aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública, estos enmarcados en el Código Penal de Quintana Roo y que tampoco demandan prisión preventiva oficiosa pese al daño patrimonial que representaron al erario.