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El movimiento fue denominado #FiscalíaQueSirva. Foto: Ixbalanque Danell
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Noemi Gutiérrez
Hace 5 meses | Facebook Twitter Whatsapp

ALEJANDRA GUZMÁN / NOEMÍ GUTIÉRREZ

Por lo menos 100 organizaciones civiles crearon un frente para exigir al Senado que garantice la independencia de la nueva fiscalía general, al considerar que la Procuraduría General de la República se convirtió en uno de los organismos más costosos y dañinos del país, al estar “capturada” por intereses políticos y económicos ajenos a los ciudadanos.

En protesta frente al Ángel de la Independencia, los integrantes de los colectivos Vamos por Más y Una Fiscalía que Sirva, anunciaron que presentarán una iniciativa ciudadana para transparentar la elección del nuevo fiscal general y la creación de una fiscalía especializada en violaciones a derechos humanos.

José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana en Defensa y Protección de Derechos Humanos, acusó que la falta de autonomía de Raúl Cervantes, actual titular de la PGR, influye directamente en que las sentencias no sean las adecuadas, por ello exigieron que la fiscalía general sea independiente y capaz.

Los activistas plantearon convertir a la PGR en una fiscalía autónoma que sea independiente del Poder Ejecutivo Federal, sensible a los derechos de las víctimas, que disponga de mejores herramientas para investigar y perseguir el delito y tenga controles efectivos para atender y erradicar la corrupción.

El proyecto ciudadano busca reformar el artículo 102 constitucional y una serie de normas transitorias, para crear un proceso transparente de selección del nuevo fiscal general, la creación de fiscalías especializadas en materia de violaciones a derechos humanos, anticorrupción y delitos electorales y el consejo del Ministerio Público de la Federación.

Alexandra Zapata, integrante de Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió que la autonomía constitucional aprobada en el papel en 2014 “corre el riesgo de ser un simple estatus jurídico si no viene acompañada de mayor rendición de cuentas, una supervisión efectiva de su gestión y completa profesionalización del personal”.

El director ejecutivo de la Comisión Mexicana en Defensa y Protección de Derechos Humanos atribuyó los pocos resultados de la instancia a “la impunidad en materia de tortura, desaparición, asesinatos cometidos por servidores públicos, el resultado es que no hay sentencias significativas, no hay investigaciones en donde se apunte a los más altos responsables de las estructuras gubernamentales que promueven, fomentan, toleran y auspician este tipo de delitos”.

Anunciaron que, de obtener una respuesta negativa en las instancias correspondientes, buscarán maneras de lograr una fiscalía transparente, independiente y eficaz.

Pase automático

En febrero de 2014 se publicó la reforma constitucional que da autonomía al Ministerio Público de la Federación para evitar el uso político de la persecución penal que tiene el Estado con la transformación de la PGR en una fiscalía general, cambio que debe entrar en vigor a más tardar en 2018.

Los activistas explicaron que en las leyes secundarias emitidas por diversas expresiones políticas en el Congreso de la Unión, destaca la figura del llamado “pase automático”, una regla transitoria que convierte al actual titular de la PRG en el primer fiscal general por un periodo de nueve años.

La iniciativa ciudadana establece requisitos para la designación y el tiempo de gestión, al especificar que será de seis años y que el primer periodo iniciará el 1 de octubre, cuando el titular del Poder Ejecutivo inicie su quinto año de gobierno, a fin de reducir la influencia del presidente de la República en la impartición de justicia.

Entre las organizaciones firmantes destacan #JusticiaSinPretextos, A Favor de lo Mejor, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP), Alianza de Maestros, Alianza Sindical Mexicana, Artículo 19, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, Instituto para la Seguridad y la Democracia, Propuesta Cívica y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, entre otras.

Respaldo de la ONU

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab, convocó a que el proceso para transformar a la PGR en fiscalía sea transparente y encaminado a fortalecerla.

Durante la sesión plenaria de los diputados del PRD, Jarab llamó a que se garantice que la Procuraduría General de la República se consolide como una Fiscalía General independiente.

“Nuestra oficina está en favor de una transformación profunda, una transformación no sólo cosmética, una verdadera independencia, profesionalización de la PGR como tal y de los servicios que se necesitan; incluso, los servicios forenses, tal como lo propuso en sus 14 recomendaciones emitidas después de su visita en 2015 nuestro Alto Comisionado”, expresó.

Pidió al PRD que sea una prioridad legislativa la aprobación de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, la cual consideró que es necesaria para atender y erradicar ese delito.

Consideró que tal normatividad –aprobada por el Senado– tiene limitaciones, pues la Comisión Nacional de Búsqueda no dispone de una fuerza de tarea propia y la responsabilidad del superior jerárquico podría ser más robusta en la ley.

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió no condicionar su aprobación al aval de otras leyes.

La norma establece una pena de 40 a 60 años de prisión y de 10 mil a 20 mil días de multa a quienes incurran en este delito. Las penas aumentan al doble si la persona muere, sea migrante, niña, niño o adolescente, mujer, embarazada, persona con discapacidad o persona mayor, sea periodista o defensor de derechos humanos.

En el caso de la desaparición forzada cometida por particulares, se le impondrá pena de 25 a 50 años de prisión y de 4 mil a 8 mil días de multa.

Acerca de la permanencia del Ejército en las calles, indicó que el Poder Legislativo debe iniciar una discusión respecto de si debe seguir el actual modelo de seguridad o aprobar una normatividad encaminada a que las Fuerzas Armadas regresen a los cuarteles.

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