Falta de coordinación oficial, causa de libertad a inculpados

 

Cerca de 1% de las denuncias culminan en un juicio oral


María de los Ángeles Fromow Rangel consideró que las Unidades de Medidas Cautelares de cada uno de los estados son en gran parte responsables de la denominada “puerta giratoria”, aunado a la falta de coordinación entre las distintas partes ministeriales para integrar una carpeta de investigación adecuada.

La extitular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, explicó que es la falta de coordinación entre autoridades locales, estatales y federales, así como la retroalimentación informativa entregada por una de ellas, lo que ha puesto en libertad a muchos imputados. Y es que no se intercambia, ni se solicita información sobre cada uno de los detenidos y sus antecedentes penales antes de otorgarle alguno de los beneficios cautelares que contempla el nuevo sistema penal.

“No tenemos casos, efectivamente bien estructurados por las distintas instancias para llegar a considerar que una carpeta de investigación puede ser puesta a disposición de un juez, y finalmente cuando hablamos de juicios orales, el número más grande que encontramos es de uno por ciento del total de las

denuncias que se presentan”, reconoció la experta.

A través de estudios y análisis realizados por diversas organizaciones civiles e instituciones académicas, se ha señalado que antes de incrementar el catálogo delictivo para sancionar más crímenes, se debe revisar el trabajo de la Unidad de Medidas Cautelares de cada una de las entidades, misma que analiza los perfiles de los imputados que son liberados bajo algún beneficio y que después vuelven a delinquir.

“¿Por qué existe esa puerta giratoria, por qué se están dejando salir a esos delincuentes a la calle? –desde mi punto de vista– uno de los factores es la falta de medidas cautelares, y esto se da porque si bien se han ido generando estás unidades (de medidas cautelares) ninguna de ellas cumple con los estándares necesarios para poner del conocimiento de los distintos jueces todos los elementos esenciales para determinar si esa persona es o no posiblemente un riesgo a la sociedad y puede fugarse de la justicia”, dijo.

Recordó que a lo largo de los años se ha planteado la necesidad urgente de crear bases de datos a través de una plataforma única para establecer si una persona tiene antecedentes penales, si ha evadido la justicia, si ha sido señalado anteriormente de haber cometido un crimen, pero la realidad es que la gran mayoría de los estados no se cuenta con esta infraestructura.