Gobierno eroga 270 mdp por reparación de daños

Por la actuación de agentes del Estado, ya sea por detenciones arbitrarias, tortura, acusaciones sin fundamento –consideradas violaciones a los derechos humanos–, y los apoyos económicos a personas que fueron desplazadas o víctimas de la delincuencia costó al erario 270 millones de pesos.

Del total, 68 por ciento, es decir, 184.3 millones de pesos, fue por concepto de reparación del daño por violación a los derechos humanos, cometida por servidores públicos.

Con base en el Sexto Informe de Gobierno, de enero a junio de 2018, a través del FAARI, se ejercieron 270 millones de pesos, cifra que se duplicó con respecto al mismo periodo del año pasado.

“Por lo que hace al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), de enero a junio de 2018, se ejercieron recursos por 270 millones de pesos, cifra superior en 109.2 por ciento en términos reales respecto de lo observado de enero a junio de 2017, que fue de 123 millones de pesos, en favor de víctimas de delitos del orden federal y víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales”, dice el texto.

El Gobierno Federal informó que del total de recursos, 85.7 millones de pesos se destinaron al pago de ayuda inmediata, en beneficio de 897 víctimas, entre ellos 588 mujeres y 309 hombres; mientras que 184.3 millones de pesos fueron para compensaciones económicas como parte de la reparación integral del daño, en beneficio de 167 víctimas.

De las retribuciones como parte de la reparación del daño, 31.5 millones de pesos correspondieron a resarcimientos por comisión de delitos del fuero federal y 152.8 millones de pesos por indemnizaciones por violación de derechos humanos cometidas por autoridades federales; el resto fue por actos cometidos por personal municipal o estatal.

Asimismo, se brindó atención integral a mil 294 víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos atendidas por primera vez y a 5 mil 43 de manera subsecuente, quienes fueron asistidas por especialistas en trabajo social, psicología, medicina y orientación jurídica.

A través de Asesoría Jurídica Federal se iniciaron 4 mil 46 expedientes en las 15 delegaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 27 por ciento más de lo que se realizó de septiembre de 2016 a junio de 2017; al 30 de junio de 2018, hubo 16 mil 232 expedientes activos o en trámite.

Del total, destacan 104 casos de tortura, 304 de secuestro, 634 de trata de personas, 157 de homicidio, dos de privación ilegal de la libertad, 71 de desaparición de personas y 46 casos de lesiones, entre los más relevantes.

Cabe destacar que en el Sexto Informe se hacen tres menciones de manera genérica sobre el caso Ayotzinapa, entre otros temas de víctimas de la delincuencia, donde se menciona que han recibido apoyo de diversas formas.

“El Gobierno de la República mantiene la atención y seguimiento permanente a las víctimas de casos relevantes como La Gran Familia, Guardería ABC, Iguala, Chilapa, Tlatlaya, fosas de San Fernando y Cadereyta, Nochixtlán y hechos relacionados con movimientos sociales y políticos del pasado”.

Sin embargo, no se informó sobre el rechazo de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado que ordena crear la Comisión de la Verdad, donde los familiares coordinarían la indagatoria, motivo por el cual el Gobierno Federal presentó al menos 100 escritos solicitando la intervención de la Suprema Corte.