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Martín Barrón consideró que la Hacienda pública debe iniciar las pesquisas. Foto: Tomada de la versión impresa
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Justicia reactiva y con poca investigación

Las autoridades mexicanas reaccionan a las indagatorias iniciadas en el extranjero
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Israel Yáñez G
Hace 2 meses | Facebook Twitter Whatsapp

En los últimos meses, gobiernos internacionales han dado a conocer información sobre diversos actos de corrupción, lavado de dinero y desvío de recursos presuntamente cometidos por servidores públicos, deportistas, cantantes y empresarios de México.

Sin embargo, ninguna de estas pesquisas corresponden a autoridades hacendarias o ministeriales de México, las cuales solamente han reaccionado ante las acusaciones congelando cuentas y citando a declarar a los involucrados, o solicitando y recabando información del extranjero sin que aquí haya imputaciones directas contra los implicados.

Se trata de casos como el de la empresa Odebrecht, en el que se implicó al empresario Emilio Lozoya, los supuestos vínculos del futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez con integrantes del crimen organizado.

Al respecto, el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Martín Barrón Cruz, informó que las investigaciones por lavado de dinero y desvió de recursos, así como otros delitos de índole patrimonial las deben iniciar las autoridades tributarias.

“Quien da a conocer los nexos económicos es el Departamento del Tesoro o de Justicia en Estados Unidos, en México para toda esta cuestión de corrupción, si tiene que ver con las empresas quien tiene que hacer las investigaciones es la agencia tributaria, la Hacienda pública”.

En nuestro país, explicó, deberían de ser las autoridades de Hacienda quienes deben establecer el origen y destino de los supuestos donativos a una organización civil, en el caso específico de Rafael Márquez, pues hay un trato diferenciado que se da al contribuyente común en comparación con las fundaciones altruistas.

“No es un problema propiamente de la procuración de justicia, pues la que primero debe de dar una señal de alerta sobre un desvío de recursos o lavado de dinero es la Hacienda pública, entonces no tenemos un órgano tributario para los temas de las grandes finanzas, porque a estos rubros son a los que protege la Hacienda pública”.

Explicó que ante esas omisiones premeditadas o inconscientes inician los grandes casos de lavado de dinero y desvío de recursos a los paraísos fiscales, que son detectados por las autoridades estadounidenses, las cuales sí tienen controladas sus finanzas para evitar problemas de corrupción en su país.

Consideró que las investigaciones dadas a conocer sobre la triangulación de los recursos sustraídos en México así como los prestanombres, el lavado de dinero y casos de soborno tienen orígenes en el extranjero. “En nuestro país es donde comienzan los delitos, solamente se investiga y cita a declarar a los imputados como una reacción de la denuncia hechos en otros países”, expresó.

En comparación con las naciones que hacen las denuncias, los delitos equiparables en México al lavado de dinero o uso recursos de procedencia ilícita, como fraude, cohecho, peculado, en general la corrupción, son castigados con penas de prisión, pero en nuestro país son delitos no graves.

Óscar Valdés Ramírez, doctor en derecho, consideró que en México no hay investigaciones de ningún tipo, solamente se reacciona ante las acusaciones de cualquier tipo; prueba de ello son las cifras dadas a conocer por organismos civiles, sobre que 90 por ciento de las carpetas de investigación iniciadas son por detenidos en flagrancia y las restantes por investigación.

En el caso de Rafael Márquez, el litigante explicó que no es posible congelarle sus cuentas a una persona sin que tenga vínculos con algún acto delictivo que amerite esta medida precautoria.

Incluso, algunas leyes estadounidenses son vinculantes para sus países socios –como lo es en caso de terrorismo o la procedencia ilícita de recursos financieros–, tal vez por ello, indicó, se procedió a congelar los recursos del futbolista y el cantante Julión Álvarez de manera expedita, aunque públicamente se dijo que no hay ninguna imputación en su contra.

Actualización

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que entre las asistencias jurídicas solicitadas a Brasil por el caso Odebrecht destacan declaraciones de altos funcionarios de esa empresa y señaló que espera que en los próximos días esté disponible información solicitada vía asistencia jurídica internacional.

Expuso que dichas declaraciones son recientes, en presencia de funcionarios de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales y se encuentran agregadas a las investigaciones.

En un comunicado, la PGR ofreció una “actualización de información, respecto a la cooperación de México y Brasil en ese tema”, y apuntó que han participado en varias acciones con el fin de obtener la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos.

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TEMAS actos de corrupción Emilio Lozoya Martín Barrón Cruz Odebrecht servidores públicos
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