Mantiene status quo nueva legislación, alerta ONU

 

Las prioridades deben ser encaminadas en otro sentido


Martha A. Guzmán / César Aguilar

La aprobación de la Ley de Seguridad Interior en la Cámara de Diputados no representa ningún cambio para el clima de violencia que se vive en el país, advirtió Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de la ONU en México.

“Se aprueba algo que va sólo a petrificar el status quo; entonces podemos esperar que los años que vienen van a ser del mismo carácter: como la realidad actual y según nuestra valoración la realidad actual sí es muy preocupante”, expresó.

Señaló que las prioridades deben ser encaminadas en otro sentido, destacando el reforzamiento de los cuerpos policiacos y el estado de derecho.

“Determinar cómo va la sociedad mexicana a restablecer sus prioridades para proteger vidas, invertir en la prevención y cambiar las dinámicas, fortalecer el estado de derecho, bajar los niveles dramáticos de impunidad, fortalecer la procuración de justicia”, consideró.

Para Jarab una de las medidas que se deben tomar a reserva del proyecto final es la salida gradual del Ejército de las tareas de seguridad pública.

En tanto, las organizaciones opositoras a la Ley de Seguridad Interior, entre ellas Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, consideraron que si las autoridades de gobierno no cumplieron con su responsabilidad de construir cuerpos policiacos eficaces, “menos aún lo harán si cuentan con el recurso legal para cubrir dicho vacío institucional con requerimientos de intervención militar”.

“Debemos centrar la atención política y legislativa en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad. Sólo así podremos resolver de fondo y a largo plazo la crisis de inseguridad; en lugar de legislar para perpetuar y arraigar el despliegue de las Fuerzas Armadas”, resaltaron.

En cambio, propusieron respeto irrestricto al marco jurídico constitucional e internacional; adopción de medidas excepcionales sólo a partir de mecanismos ya previstos, y un plan de fortalecimiento de las policías en todos los niveles de gobierno.

Exigieron además de lo anterior, reformar también las procuradurías, fortalecer el Poder Judicial y atender la crisis penitenciaria.

GATOPARDISMO

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) consideró que la emisión de una Ley de Seguridad Interior en los términos en que se plantea, contribuirá a mantener el estado actual de las cosas, al favorecer el uso discrecional del Ejército con base en una estrategia para abatir la violencia y la inseguridad que se enfrenta.

El organismo consideró que también se dejaría de lado la necesidad de emprender acciones efectivas desde los distintos niveles de gobierno, para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles.

Reiteró que los contenidos de una Ley de Seguridad Interior deben ser respetuosos de la dignidad humana, del marco jurídico vigente y encuadrarse dentro de una política integral que incida en los problemas de inseguridad y justicia que México enfrenta desde hace 10 años.

Para el organismo, la falta de capacidades y recursos en las instituciones policiacas y coordinación entre las mismas, así como su posible infiltración de organizaciones criminales, propiciaron el involucramiento del Ejército y la Marina en acciones para proporcionar seguridad.

Detalló que fue una medida excepcional, de carácter emergente y temporal, para dar respuesta a la crisis de violencia e inseguridad que atravesaba el país, la cual, aseveró, “hasta la fecha, no se ha superado”.

Incluso, afirmó que la omisión, la indiferencia y la falta de resultados contundentes en la capacitación y desarrollo de las policías, han hecho evidente el abandono por parte del Estado de las mismas.