Multará INE a testigos mentirosos en los módulos

 

Pagarán 7,303 pesos por faltar a la verdad al tramitar credencial


JULIO PÉREZ LEÓN / VÍCTOR MAYÉN

Con la finalidad de hipotecar una propiedad que no era suya, una mujer acudió a un módulo del Registro Federal de Electores (RFE) con dos testigos y logró suplantar la identidad del legítimo propietario del predio.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) ejerció la acción penal correspondiente el pasado 23 de agosto, tras varios meses de investigación.

Este no es un hecho aislado, dada la facilidad para tramitar credenciales de elector; el robo de identidad se ha convertido en una de las formas para cometer fraudes de cualquier tipo.

Una de las formas establecidas para tramitar una credencial de elector es mediante dos testigos que acuden al módulo de atención ciudadana para identificar a quien desea conseguir el documento. Pese a la buena fe del hecho, tanto del lado del RFE como de quienes acuden, se han registrado casos de expedición de credenciales, cuyo propietario cambió de identidad para defraudar.

En la sesión pasada de Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), celebrada este lunes 30 de octubre, se aprobó sancionar en un caso similar no sólo a la titular de quien suplantó la identidad, sino a quienes fungieron como testigos.

La sanción monetaria fue uniforme para las tres personas implicadas en la suplantación de identidad, la cual asciende a 7 mil 303 pesos, la resolución del INE generó gran debate entre los consejeros electorales; los argumentos iban desde que si los testigos actuaron de buena fe y engañados o de forma dolosa, el precedente que se asienta es que no sólo quien busque usurpar la identidad sea sujeta a investigación y ejercicio penal, sino a los mismos testigos.

La parte agraviada denunció los hechos desde el 23 de noviembre de 2016, el proceso administrativo de indagatorias se llevó casi un año para sancionar “por hechos presuntamente infractores de la normatividad electoral, consistentes en proporcionar información falsa al Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral”, establece el acuerdo aprobado en la sesión de Consejo General.

Asimismo, la Fepade detuvo a una persona que tramitó dos credenciales de elector con diferentes nombres para registrase ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

“Turismo electoral”

Sin embargo, no son sólo particulares y con fines fraudulentos por la suplantación de identidad a través de la obtención de credenciales para votar, como se ya se ha visto en esta serie de entregas existe, asimismo, la estrategia del llamado “turismo electoral”, en la cual se ven involucrados funcionarios públicos de la administración capitalina.

La Fepade reportó que entre junio y julio de 2016 servidores públicos de la administración de la Ciudad de México presentaron datos falsos para la obtención de credenciales para votar.

Las investigaciones iniciaron en febrero pasado y culminaron con ocho sentencias condenatorias a inicios de octubre 2017 por tres años y cuatro meses de prisión más multas.

Un informe de la Fepade de 2016, remitido al Senado, señala que son 10 las entidades que concentran el mayor número de denuncias por la práctica del delito de “turismo electoral”.

En el Senado, el panista Daniel Ávila Ruiz es el único promotor que busca combatir ese delito, por lo que presentó ya tres iniciativas para inhibir esta conducta; la última fue para sancionar a los partidos políticos que la patrocinen.

En agosto pasado, previo a su remoción como titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, informó que estaban abiertas 300 órdenes de aprehensión contra ciudadanos de Quintana Roo y Yucatán, todas relacionadas con el delito de “turismo electoral”.

En septiembre de 2014, el senador Daniel Ávila anunció que el INE interpuso una demanda ante la PGR y la Fepade, tras comprobar que 7 mil 500 personas cambiaron de domicilio de Yucatán a Quintana Roo para votar por el PRI en las elecciones de 2013.

Ávila Ruiz comentó que el turismo electoral representa más de 30 por ciento de todos los delitos investigados por la Fiscalía.

Muchos de los que incurren en este delito son personas de escasos recursos que se ven amenazadas, coaccionadas o, incluso, “compradas” por otras que, con un interés electoral o político, las alientan a que proporcionen documentos o información falsa al RFE.

El panista advirtió que los perjuicios del “turismo electoral” son, en primer lugar, la afectación al proceso electoral, ya que se vota por un candidato o partido de otro lugar diferente al de la verdadera residencia o, simplemente, aumenta la omisión del voto.

En segundo lugar, se encuentra la vulnerabilidad de las personas que son movilizadas de un lugar a otro para registrarlas en un lugar distinto al que habitan y, por tanto, incidir en los resultados electorales.

Mexicanos apócrifos

Asimismo, extranjeros que ingresan de manera ilegal al país se ven involucrados en el delito de alteración del padrón electoral al tramitar la credencial de elector con documentación falsa para hacerse pasar por mexicanos.

De acuerdo a la fiscalía, se ha detenido a media docena de indocumentados –en su mayoría de Centroamérica– que pretendieron, con actas de nacimiento apócrifas, acceder a la identificación oficial, se trata de dos guatemaltecos, un hondureño, un costarricense, un colombiano y un estadounidense.

Un comunicado de la Fepade revela que, en al menos tres casos, acudieron al registro de extemporáneo de actas de nacimiento para mayores de 18 años instalado en el municipio de Mazapa de Madero, Chiapas, con dicho documento oficial acudieron a módulos del INE localizados en los estados de Sonora, Chiapas y Quintana Roo “para posteriormente obtener una credencial de elector con fotografía para beneficiar a un partido político en la jornada electoral del 2018” revela el despacho informativo.

Los extranjeros detenidos tramitaron sus identificaciones –además de las entidades señaladas– en Villahermosa, Tabasco y Jalapa, Veracruz.

Turismo electoral

El Top Ten está integrado por:

1. Veracruz con 2 mil 286 denuncias

2. Estado de México con 2 mil 221

3. Quintana Roo con 621

4. Sonora con 514

5. Chihuahua con 291

6. Hidalgo con 285

7. Michoacán con 186

8. Tabaco con 160

9. Yucatán con 159

10. Nuevo León con 138