Nochixtlán, uso excesivo de fuerza en operativo mal diseñado

Al presentar la Recomendación 7VG/2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó una disculpa pública y fincar responsabilidades a las autoridades y mandos policiales involucrados, entre ellos al entonces comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, por el deficiente operativo del 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, donde se registró un uso excesivo de la fuerza que derivó en la muerte de siete personas.

Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, afirmó que dicho operativo violó gravemente los derechos humanos y podría considerarse como ejemplo de lo que no deben ser las acciones policiales; en el acto resultaron 559 lesionados, 453 de ellos civiles; 45 por arma de fuego, y 106 policías, cuatro por disparos.

De los siete fallecidos, seis fueron por disparos de arma de fuego y en cuatro estaría implicada la policía estatal. Aunque en el operativo no participarían policías armados, 76 elementos estatales y 32 de la Gendarmería llevaron armas.

Un elemento de la Gendarmería dijo que nadie le dio la orden de disparar, pero la accionó por el “sentido de supervivencia”.

Señaló que en los enfrentamientos, donde inicialmente se pretendía desbloquear una carretera, dispararon policías y civiles.

Dijo que durante durante 12 horas se registraron tres enfrentamientos entre civiles y policías en Nochixtlán, San Pablo Huitzo, Hacienda Blanca y Trinidad de Viguera, en el estado de Oaxaca, lo que evidenció la falta de protocolos de actuación.

En el operativo para retirar un bloqueo en la carretera en Nochixtlán, en el que participaron elementos de la Policía Federal, de la Gendarmería, de la Secretaría de Seguridad Pública, la policía estatal y la agencia estatal de investigaciones de Oaxaca, se vulneraron –entre otros derechos– los relativos a la vida, a la libertad, a la integridad y a la seguridad personal.

Las acciones estuvieron coordinadas por el Grupo de Coordinación Oaxaca –en el que participaron el secretario general de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, el subsecretario de operación regional, el delegado estatal de la Secretaría de Gobernación, el delegado estatal del Cisen y el de la división de Gendarmería, entre otros.

El ombudsman nacional respaldó la presentación del Protocolo de Uso de la Fuerza por parte de la Comisión Nacional de Seguridad.

Advirtió que la policía no puede hacer uso de la fuerza sin límites y de forma indiscriminada, y que en este caso fue empleada de manera desordenada, arbitraria y a consideración de cada elemento.

González Pérez señaló que existió una mala coordinación entre las corporaciones policiales, derivada de una inexistente cadena de mando

y falta de análisis de inteligencia para considerar posibles escenarios de la respuesta de los pobladores y ubicación de hospitales y escuelas.

Advirtió que no hubo una adecuada supervisión de los elementos policiales, que no tenían adiestramiento y equipamiento, lo que repercutió en el excesivo uso de la fuerza en contra de la población y lesiones de los policías.

Es por ello que la CNDH emitió la Recomendación 7VG/2017 con 26 puntos dirigidos al gobierno de Oaxaca, a la Comisión Nacional de Seguridad, a la PGR y a la Fiscalía General del Estado.

Pidió, entre otros puntos, garantizar que la verdad y la justicia lleguen a este caso; se deslinden las responsabilidades y se sancione a los responsables; se reparen daños y afectaciones a las víctimas, y se prevenga la repetición de los hechos.

A la Comisión Nacional de Seguridad le pidió también el uso obligatorio de cámaras de video, audio y fotografía de los operativos y revise el marco normativo aplicable al uso de la fuerza de la Policía Federal.

El ombudsman nacional señaló que se advirtió la existencia de diversas omisiones de las diligencias y que no han sido subsanadas por la PGR. Además de que hay diligencias pendientes.

Dijo que la investigación estuvo marcada por la falta de cooperación real de las autoridades y una inadecuada preservación de los lugares donde ocurrieron los enfrentamientos.

Sobre la falta de preparación de los elementos policiacos, dijo que 11.75 por ciento de los elementos estatales no estaban debidamente capacitados –30 pertenecían a la banda de guerra y otros eran personal administrativo.

Enrique Guadarrama López, segundo visitador general de la CNDH, dijo que no se tomó en cuenta que en la zona se elaboraban artefactos pirotécnicos, que luego fueron empleados en los enfrentamientos.

Se realizaron disparos y se lanzaron gases lacrimógenos en contra de los pobladores, lo que derivó en personas fallecidas y policías lesionados.

Entre las deficiencias detectadas está que no acreditaron los vehículos y las policías.