ONU aboga por liberación de detenidos hace 15 años

El grupo de detenciones arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó al gobierno mexicano liberar de manera inmediata a Daniel García y Reyes Alpízar, al considerar que su aprehensión en 2002 tuvo un carácter arbitrario.

García y Reyes Alpízar han permanecido en prisión preventiva desde hace 15 años —acusados del homicidio de María de los Ángeles Tamez Pérez, exregidora de Atizapán de Zaragoza— cuando fueron detenidos sin la existencia de una orden de aprehensión y sometidos a la figura del arraigo con una total ausencia de pruebas en su contra, apuntó el grupo internacional.

En un plazo no mayor a seis meses, el Gobierno Federal a través de la cancillería deberá responder a la recomendación. De no hacerlo, el grupo de trabajo seguirá insistiendo; sin embargo, recordó que México forma parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Simón Hernández, abogado defensor, consideró que el tiempo de respuesta dependerá de la voluntad política que muestre el Estado y exigió que se cumpla la recomendación del grupo internacional, así como el esclarecimiento del crimen.

“Nuestra exigencia de justicia tiene que ver también con el esclarecimiento de ese crimen, pero con una definición muy clara de que esa justicia no puede ser obtenida a base de procesar a dos personas inocentes”, refirió el abogado.

Dijo que ambas partes son víctimas de un sistema de procuración de justicia en función de intereses políticos, con serias deficiencias estructurales y sin capacidad de investigación, que sustituye las investigaciones con la mediatización de los casos.

Pese a que en la respuesta que el gobierno mexicano ofreció al grupo de trabajo en julio de 2017 se aseguró que los tiempos en el debido proceso se han respetado, a decir del litigante, un proceso de 15 años “es totalmente inédito”.

El abogado detalló que en el proceso la mayoría de las garantías al debido proceso han sido violentadas, “la revisión en un juicio de amparo duró cinco años”, informó.

En materia de tortura, misma que fue acreditada en el caso de Reyes Alpízar —quien acusó a Daniel García— y de acuerdo con la jurisprudencia de la corte e instancias internacionales, el juez tuvo que indiciar al Ministerio Público y hacer un pronunciamiento sobre la exclusión de esa prueba si es que fue obtenida bajo tortura y entonces determinar su anulación. Y según con el abogado ese proceso en este caso demoró ocho años.

“Ocho años en los que debieron interponer una serie de denuncias,

recursos de protección y amparo para obligar al juez a que esa denuncia de tortura la formalizara y le diera vista al Ministerio Público”, declaró.

Además, después de casi año y medio de haberse promovido los recursos para la medida de prisión preventiva, ésta se revisará de nueva cuenta ya que no se ha llevado por negativas de los jueces y “un procedimiento que tendría que durar tres días como es recibir un recurso de apelación y enviarlo al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, ese plazo legal de tres días, en este caso, demoró más de ocho meses”, refirió el abogado quien anunció que estas evidencias contradicen lo dicho por el Estado mexicano al grupo de trabajo de la ONU.

Por tanto, urgieron al gobierno a pronunciarse y resolver conforme lo dictaminó el grupo de trabajo, así como ofrecer una reparación del daño a las víctimas.