Por desaparición forzada, PGR indaga caso Marco

 

Investigarán a los funcionarios involucrados en la detención


Un Tribunal Colegiado ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue la comisión de desaparición forzada en el caso de Marco Antonio N, quien fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, y fue localizado cinco días después.

Por ello, la PGR abrió una carpeta de investigación por desaparición forzada en agravio del menor, como se informó en los estrados del Consejo de la Judicatura Federal; y se espera que el martes de la semana que entra, se presenten los abogados del adolescente a recibir informes sobre las pesquisas.

Mientras que la Policía Federal ya se hace cargo de la custodia personal del menor, quien se recupera paulatinamente de las lesiones neurológicas sufridas tras ser detenido por los uniformados capitalinos, y aún no se establece si quedarán secuelas.

Al resolver la queja 17/2018 el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, detalló que el hecho de que haya aparecido el joven de 17 años, no implica hayan cesado los efectos del delito de desaparición forzada, y por tratarse de un tema del ámbito federal, será la PGR la que deslinde las responsabilidades de los funcionarios involucrados.

“Dar vista a la PGR para que en ámbito de su competencia investigue tal hecho y deslinde responsabilidades, con independencia de las acciones legales que hayan emprendido los padres del menor desaparecido.

“Esto porque de acuerdo al artículo 15 de la Ley de Amparo, tal autoridad es la competente para conocer de esos hechos, cuando no se localiza a la persona desaparecida; de tal manera que la regla de competencia debe aplicarse también cuando aparece la persona, pues no hay razón para tal distinción; dado que ambos casos se investigará la Desaparición Forzada de Persona, pues la circunstancia de que fuese localizada la víctima no implica que no existió tal hecho”, dice la notificación oficial.

Medidas cautelares

Además de que los padres y familiares deben gozar de medidas cautelares para evitar cualquier tipo de revictimización al adolescente, o que las autoridades desarrollen actos de intimidación con la intención de que se desistan de las acciones legales efectuadas para esclarecer los hechos. “A los promotores de amparo, como padres del menor desaparecido, deberán adoptarse las medidas correspondientes para que se les dote de asesoría jurídica especializada en el tema, atención psicológica o médica que requieran por este acto.

“Asimismo, las autoridades responsables deberán abstenerse de intimidarlos o efectuar cualquier acción para disuadirlos de su pretensión para garantizar la investigación y esclarecer la verdad respecto a este hecho”, dice la notificación del Colegiado.

Esto deja un precedente importante, ya que es la primera vez que un Tribunal Colegiado se manifiesta en el reconocimiento de la familia del afectado también como víctimas, y ordena que se les otorguen las medidas de protección.

Asimismo, dispuso que la custodia de seguridad del joven convaleciente en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía sea a cargo de la Policía Federal, ya no de los uniformados de la Secretaria de Seguridad Pública local, corporación que es señalada por haber ocasionado algún perjuicio.

“Se adopten las medidas para que la institución de salud que lo tenga a su cuidado… tome las medidas necesarias para garantizar su seguridad e integridad física; para ello, también debe girarse oficio a la Policía Federal para que resguarde a dicho menor durante su estancia en tal lugar –esto en virtud de que la corporación a la que se atribuye el acto es la policía de esta ciudad–“, resolvieron los magistrados.

Autoridades mexiquenses

También como parte del amparo 102/2017, el juez pidió los informes a las autoridades del Estado de México (Edomex), ya que el menor fue localizado en oficinas mexiquenses y lejos de ser atendido con medicamentos, lo abandonaron en la calle, según se informó.