Por esta ridícula cifra queda a deber la justicia a periodistas

Desde que se conformó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos en Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) se ha dado trámite a mil 10 averiguaciones previas o carpetas de investigación, de ellas, hasta la fecha sólo se han dictado siete sentencias condenatorias, es decir 0.69 por ciento del total de los casos.

Al respecto, Leopoldo Maldonado, Oficial del Programa Legal de Artículo 19 en México, dijo en entrevista con CAPITALMEDIA que hay un gran número de investigaciones en las que se decretó el no ejercicio de la acción penal o se enviaron al archivo; lo cierto es que no ha quedado claro bajo qué argumentos se resolvió de esta manera.

“Acumulan más de mil investigaciones que han derivado en sólo siete sentencias condenatorias, evidentemente puede haber casos en los que no se acredite un delito, pero no tenemos la claridad o la información de porqué en esas investigaciones se decretó el no ejercicio de la acción penal o se mandaron a archivo”.

“Lo cierto es que la eficiencia de la fiscalía ha sido mínima en estos ocho años de existencia y no ha marcado la diferencia para abatir la impunidad en materia de crímenes contra periodistas, y lo único que se está generando en éste sentido es que la violencia contra la prensa se puede seguir perpetrando sin que haya consecuencias contra los perpetradores”, dijo el especialista.

Detalló que estás sentencias son para servidores públicos y particulares, algunas de ellas en prisión y otras en libertad, y no propiamente por el delito de homicidio, lo que se traduce en resultados magros e inútiles puesto que las agresiones, crímenes y homicidios siguen en ascenso, no sólo en contra de periodistas sino de la libertad de expresión.

Aunque el sistema penal permite diversas formas de solución de conflictos, entre ellos, el procedimiento abreviado, en algunos casos la reparación del daño no es satisfactoria para las víctimas lo que deja una sensación de impunidad.

“Hay que poner atención en el procedimiento abreviado, acuerdos reparatorios para las víctimas, donde no se garantice la reparación del daño a las víctimas periodistas, y eso no puede considerarse que sea un cierre adecuado en términos de justicia, y fueron creados para desahogar el sistema penal, pero queda claro en este sentido, el mensaje principal para inhibir los ataques, es el de justicia y no de impunidad.

“En los casos de mayor gravedad debe de haber un mensaje muy claro, una sanción muy contundente a los responsables, un mensaje muy claro de que esto no se va a permitir, y que no debe de suceder otra vez, y no sólo a los autores materiales sino también a los autores intelectuales”, agregó.

Entre las grandes falencias que tienen las investigaciones en México está que no se llega hasta las personas –que por lo regular son servidores públicos vinculados con la política— que ordenaron las agresiones contra los periodistas, pues 55 por ciento de la violencia en contra de los reporteros provienen de los funcionarios estales y municipales, y no del crimen organizado como se ha hecho creer.

Explicó que pese a que existen más leyes, instituciones, mecanismos y procedimientos de protección a los periodistas y la libertad de expresión, las agresiones, crímenes y homicidios contra los informadores siguen en ascenso.

Si estas leyes se aplicaran serían efectivos, pero quien tiene que ejercer y castigar el crimen muchas veces es el mismo que lo ejecutó, en este punto es donde las normas no están funcionando, pues los agentes perpetradores pertenecen al mismo Estado que los agentes que tienen que investigar y castigar.

En México se crean nuevas instituciones, dijo Leopoldo Maldonado, para simular, y aunque el Mecanismo de Protección a Periodistas ha sido importante para disminuir daños en algún sentido y dejar en evidencia las omisiones y dilaciones en los casos, en términos generales no ha contenido la tendencia ascendente en contra de la prensa.

Consideró que uno de los principales factores es que se piensa de manera fragmentada, y se llevan acciones aisladas que no se vinculan con la investigación criminal y penal, en un modelo de atención víctima, y otro punto es que no se les ha dotado del personal técnico suficiente para dar una debida atención para garantizar la justicia y la protección.

“Por eso cuando hacemos un balance de seis años del Mecanismo de Protección, y los últimos seis años de la Fiscalía para la Libertad de Expresión, es que se han convertido en mera simulación”.

• 55 por ciento de la violencia contra los reporteros provienen de funcionarios públicos

“Tenemos un Estado que efectivamente está compenetrado por las estructuras criminales en la mayoría de los territorios, donde hay un control en connivencia con las autoridades estatales y en buena medida con las federales”.

Leopoldo Maldonado, oficial del Programa Legal de Artículo 19 en México

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