Protagoniza la PGR periodo de intercampaña

 

Frente y PRI se dan agarrón por presuntos desvíos de recursos


A un mes de que comiencen formalmente las campañas electorales, las descalificaciones entre los candidatos de las coaliciones Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, y Todos por México, José Antonio Meade, han dejado en medio a la Procuraduría General de la República (PGR), como centro de todas las críticas por su actuación en casos que presumen corrupción.

Alberto Elías Beltrán, encargado de la dependencia que sigue acéfala, fue increpado en la Cámara de Diputados por legisladores del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, quienes lo acusaron de utilizar la justicia con fines electoreros al investigar a Anaya y de pretender encubrir a Meade, acusado de desvío de recursos, tal circunstancia provocó que los legisladores del PRI y del PVEM salieran en su defensa.

Marko Cortés Mendoza, coordinador de la bancada albiceleste, demandó al presidente Enrique Peña Nieto sacar las manos de los procesos electorales y acusó a Elías Beltrán de hacer un uso faccioso de la PGR, calificativo que fue secundado por Jesús Zambrano, vicecoordinador del PRD.

“Lo que estamos viendo en los últimos días es no solamente la existencia de cortinas de humo, sino un uso faccioso de las instituciones, particularmente del Ministerio Público y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para atacar a un adversario político”, señaló.

Los priistas Pedro Luis Noble y Armando Canales, así como el coordinador de los diputados ecologistas, Jesús Sesma, no se quedaron callados. De inmediato salieron al paso de las críticas a Meade y pidieron a Anaya que no tenga miedo, que se presente ante la PGR a aclarar las acusaciones en su contra.

Contraataque

Mientras tanto, en la sede del PAN, tras tener una reunión privada con candidatas al Congreso de la Unión, Anaya advirtió que analiza denunciar ante instancias internacionales a Meade, por el presunto desvío de al menos 500 millones de pesos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), durante su administración como titular de la dependencia entre 2015 y 2016.

El candidato frentista consideró que además de ser un acto “gravísimo de corrupción”, documentado por la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF), también trata de algo “verdaderamente inhumano”, porque esos recursos deberían haber llegado a las manos de las personas más pobres del país. Señaló que “en la política nada es coincidencia”, pues las acusaciones en su contra sobre presunto lavado de dinero se generaron a partir del informe que vincula directamente al candidato del Todos por México con el desvío millonario en Sedesol.

Anaya Cortés retó al Gobierno Federal a presentar al menos cinco por ciento de las pruebas que presuntamente lo implican en actos ilícitos; contrario a ello, dijo, ni la PGR ni el SAT han procedido en su contra.

Sin embargo, el equipo de Meade salió en defensa del candidato durante su gestión al frente de Sedesol, al recordar que cuando estuvo al frente de esa dependencia federal llevo a cabo auditorías donde sí hubo sanciones.

El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, exigió a las autoridades correspondientes que investiguen al candidato presidencial Ricardo Anaya y al empresario Manuel Barreiro, por lavado de dinero.

Recordó que en la declaración 3de3 de Anaya Cortés él señaló que tenía un ingreso de 90 mil pesos al mes y sus suegros le ayudaban con los gastos en educación y manutención de sus hijos, quienes vivían en Atlanta, Estados Unidos.

Otro dato que no está claro en la 3de3 del panista, dijo, es el de la hipoteca de su casa y el préstamo, que Anaya consiguió para su compra, y sacó el tema de la presunta compraventa entre el candidato y el empresario Manuel Barreiro, investigación que desarrolla la PGR.

Otro frente

Margarita Zavala también cuestionó la riqueza que acumula Anaya a su corta edad. “Yo he tenido muchos puestos públicos, en mi familia y en mi persona, y no alcanza para que a esa edad se esté metido en millones y millones de pesos. No alcanza a quien sólo se ha dedicado al servicio público y se tiene que explicar.

“En lo que se podría llamar una actitud de la autoridad selectiva, está lo de fondo, que son posibles beneficios de lavado, triangulación de cosas, inmuebles que no se deberían de tener o que no se explican en razón a lo que recibe o ganaba de diputado”.