Reconocen las deficiencias en las Unidades de Medidas Cautelares

 

Reconocen las deficiencias en las Unidades de Medidas Cautelares


Las Unidades de Medidas Cautelares (UMECAS) cuentan con poco presupuesto –apenas 37 de los 700 millones de pesos destinados a la consolidación del Sistema Penal–; sin embargo, esa área es una de las áreas sensibles donde se desarrolla la “puerta giratoria”, consideraron especialistas.

“En el Secretariado Ejecutivo a nivel federal tenemos alrededor de 7 mil millones de pesos para todo el tema de seguridad pública del país, son mucho del Fondo de Aportación para la Seguridad Pública, para el Sistema Penal Acusatorio hay una parte, más o menos del 10 por ciento; esos recursos se van a todos los rubros. Si se fijan, es poco el presupuesto, y se tiene que complementar con recursos estatales forzosamente.

“Se habla de 37 millones solamente para la UMECAS y no es suficiente. Cuando las entidades federativas en las mesas de concertación elijen a qué le etiquetan los recursos, todas escogieron solamente 37 millones para fortalecer la UMECAS, lo que estamos tratando el año que entra es que ese número se duplique o se triplique”, explicó a CAPITALMEDIA el comisario Cuauhtémoc Vázquez, titular de las UMECAS a nivel federal.

Durante el Congreso Internacional “Cambio Cultural Dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal”, Álvaro Vizcaíno Zamora, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reconoció las condiciones limitadas en las que se trabaja en las UMECAS.

Consideró que es en ellas donde se ubica la denominada “puerta giratoria”, pues no se evalúa de manera óptima el riesgo que supone cada uno de los imputados para imponerles alguna de las 14 medidas cautelares, entre ellas, la prisión preventiva oficiosa o justificada.

“La puerta giratoria se ubica precisamente en la UMECA, porque no se implementaron como se debía. Hay cuatro estados del país que no tienen una unidad. Hay otras 22 entidades federativas que no tiene infraestructura capacitación, equipamiento, tecnología y solamente hay tres estados del país que tienen UMECA en condiciones que podríamos denominar de intermedias a optimas, y esto nos lleva a un panorama desolador”, reconoció.

Asimismo, de las 29 entidades federativas que tienen UMECAS la mayoría han abierto sedes regionales que tienen capacidades limitadas, y hay seis estados que sólo tienen una oficina para poder operar las Unidades.

Además que sólo hay 921 operadores o personas trabajando en las UMECAS del país, sin embargo, la gran mayoría se concentran en seis estados de la República, y en las restantes tienen la menor parte del personal, y no hay una proporción entre las cargas de trabajo y las funciones que realizan.

Solamente en 18 estados el personal de la Unidades recibieron capacitación, y en el resto no tienen capacitación practica y operativa, la menos no con

recursos federales o recursos de coparticipación estatal que se pudieran tener accesos a una supervisión.

En uno de cada tres casos, los imputados no cumplen con la medida cautelar impuesta, pues se carece de los medios tecnológicos o el personal suficiente para el seguimiento de que se cumpla con lo establecido, o por falta de voluntad del beneficiado para someterse a la medida.

Por ello, en marzo de este año se emitió un acuerdo para que se haga un modelo homologado a nivel nacional para la instalación de las UMECAS, por el cual se mandató a la oficina del Comisionado Nacional de Seguridad y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a construir un nuevo modelo, aunque se prevé que sea en más de dos años mínimo cuando se concluya con su instalación.

“En el caso específico de la UMECAS la inversión federal para impulsarlas, creo que todavía es simbólica, pero es la primera vez que se invierte en ellas, hay 36. 2 millones de pesos de recursos federales que se suman a los recursos de coparticipación estatal, para fortalecer a la UMECAS del país, esperamos que en la concertación de recursos federales del próximo año logremos una inversión mayor en este y en otros temas”, dijo Vizcaíno Zamora.

Detalló que habrá que incluir nuevamente en el catálogo delictivo, la portación de armas, así como el robo de hidrocarburos, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en el 2017, de los 17 millones de delitos que se tienen contabilizados, y en los cuales la víctima estuvo presente, los agresores portaban armas en el 43 % de los casos, y la utilizaron en el 6 %.

Mientras, que los recursos destinados a la Seguridad Pública en el 2017 fue de 7 mil millones, y tan sólo las grupos que roban hidrocarburos obtienen tres veces más de ganancias ilícitas, que los recursos federales destinados a combatir el crimen y seguridad.