Qué es la Ley 3de3 y para qué sirve

 

No sólo es saber qué tienen los servidores públicos, si no cómo lo obtienen


El 17 de marzo del 2016, el Senado de la República recibió una iniciativa ciudadana, respaldada por las firmas de 291 mil 467 mexicanos que exigían a los legisladores crear leyes que combatieran la corrupción y abogaran por tener servidores públicos que transparentaran información de importancia para los mexicanos.

Cuánto tienen, a quién le compran/a quién le venden, cuánto ganan/cuánto gastan.

Con esa información, de acuerdo con la iniciativa ciudadana, se podrían detectar a los servidores y funcionarios públicos corruptos y, con una ley, podrían recibir el castigo justo por sus actos, los cuales afectan directamente al desarrollo del país y de sus habitantes.

Ya pasaron poco más de dos años, y aún no se promulga la llamada “Ley 3de3”; aunque ya fue discutida y analizada por Diputados y Senadores, y recibió el voto a favor de la mayoría en ambas Cámaras, las organizaciones de la sociedad civil que impulsaron esta iniciativa saben que, aunque el presidente de México, Enrique Peña Nieto realice la promulgación de esta ley, existen modificaciones que restaron fuerza a lo que en un principio se pretendía, es decir, transparencia.

Cuando la Ley 3de3 fue discutida por comisiones y votada en el pleno de la Cámara de Diputados y en el Senado, los legisladores realizaron correcciones al texto original, principalmente en dos artículos, el 29 y el 32, con las cuales quedaron algunos huevos que siguen permitiendo la opacidad de los funcionarios públicos.

Las “3de3″ son: declaración patrimonial, declaración de intereses, y de declaración fiscal. A pesar de que las tres quedaron contempladas en el documento aprobado por Diputados y Senadores, en los artículos modificados se dio espacio a que los que estén obligados a declarar puedan omitir detalles, si manifiestan que esa información vulnera su seguridad o integridad.

Además, también quedó abierta la opción de hacer pública o no su declaración, ya que podrían sólo presentarla ante la autoridad contemplada y no permitir que los ciudadanos puedan consultar las declaraciones.

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ODT