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Gerardo Fernández Noroña encabezó otro de los frentes en la asonada civil. Foto: Liliana Betancourt
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Colectivos bloquean Senado y entregan firmas para frenar su avance
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JESÚS VELÁZQUEZ /VÍCTOR MAYÉN / JORGE CHAPARRO

La libre manifestación –uno de los derechos que los opositores a la Ley de Seguridad Interior advierten en riesgo si ésta se llega a aprobar en la Cámara de Diputados– fue ejercida la mañana de ayer afuera de las instalaciones del Senado de la República, donde la Mesa Directiva turnó la minuta a las comisiones unidas de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictamen.

Desde las 8:00 horas, un centenar de personas con pancartas bloqueó durante más de cuatro horas los accesos principales al recinto de Reforma con el propósito de exigir que se deseche la norma que establece los momentos cuando las Fuerzas Armadas pueden intervenir en acciones de seguridad pública.

El padre Alejandro Solalinde, fundador del albergue “Hermanos en el Camino”, manifestó que durante la elaboración y discusión de esta legislación no fueron consultados expertos en seguridad ni la sociedad, además de que se militarizaría el país.

“Es una ley mal hecha, apresurada y, además, está hecha en lo oscurito, no se vale, como todo lo que hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, desgraciadamente no se pueden hacer a la idea de que si están gobernando supuestamente para el pueblo de México, tienen que tomarlo en cuenta”, aseguró.

Ahora, las Fuerzas Armadas serán ocupadas para reprimir al pueblo y ponerlas al servicio de un partido político, expresó. “No toma en cuenta varias cosas, no pone plazos, ni planes para una preparación de nuestra policía, no ponen plazos para el retiro del ejército; hay una gran discrecionalidad”.

Arturo Flores, de la organización “Mexicanos al grito”, fue agredido por un adulto, aparentemente sin mediar palabras o conflicto, el motivo fue el bloqueo al edificio donde los manifestantes pidieron un debate en el cual participen expertos en seguridad y organizaciones de la sociedad civil, para garantizar los derechos humanos de los ciudadanos.

“Estamos regresando a los años 70, donde los golpes militares dominaban el poder público en los países; estamos muy preocupados, pero estamos muy activos y queremos comunicar todo esto”, acusó Viridiana Hernández, activista.

Cerco efectivo

Gerardo Fernández Noroña, quien encabezó otro de los frentes en la asonada civil contra la aprobación de la norma, aseveró que el cerco fue efectivo. El exdiputado del Partido del Trabajo y representantes de la sociedad civil cerraron todos los accesos al Senado de la República, en protesta para que esta ley no se apruebe.

“Tengo que trabajar, pues yo también tengo que trabajar. Tengo dos hijos, comen tres veces al día. Amo la vida. (…) Y ahora, a siete meses de la elección, quieren legalizar al Ejército. (…) Y cómo pueden estarse viendo el ombligo y decirme que necesitan llegar a ese putero que es la Cámara de Senadores, cuando lo que debiéramos estar es presionando, el pueblo entero debería estar aquí, alzando la voz”.

Frente interno

Dentro del recinto, colectivos de la sociedad civil, encabezados por María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, hicieron escuchar la voz de otro grupo de ciudadanos que se oponen a la aprobación, bajo el argumento de que se avanzaría en la militarización del país y aumentarían las violaciones a derechos humanos.

Denise Dresser, analista y politóloga, integrante del colectivo Seguridad sin Guerra, alertó que de manera velada y veloz el PRI, junto con el Partido Verde y los llamados “Rebeldes del PAN”, pretende aprobar esta ley.

María Elena Morera aseveró también que la legislación contiene “peligrosas ambigüedades” y otorga atribuciones que deben corresponder, exclusivamente, a las instituciones civiles.

“Normalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en labores policiales contribuiría a perpetuar la situación que se busca subsanar. Es por ello que, en lugar de legislar para perpetuar y arraigar el despliegue operativo de las Fuerzas Armadas, proponemos un plan para su retiro paulatino. Al tiempo que se emprende el fortalecimiento de las policías de todos los niveles de gobierno”.

Los colectivos encabezados por Morera y Dresser entregaron 120 mil firmas a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), a fin de exigirle detener el proceso de dictamen de esta legislación.

Suspenden actividades programadas

Las protestas provocaron que el Senado cancelara la sesión solemne prevista para reconocer a los países que ayudaron a México durante la emergencia generada por el sismo del 19 de septiembre pasado, a la cual habían sido invitados Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores; Luis María Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país.

Despojo

Integrantes de organizaciones de la sociedad civil acusaron que al ingresar a instalaciones del Senado de la República, los despojaron de un total de 120 mil firmas impresas y en formato electrónico, que lograron recabar en contra de la Ley de Seguridad Interior.

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TEMAS Alejandro Solalinde Enrique Peña Nieto Fuerzas Armadas ley de seguridad interior Senado de la República
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