Roberto N, en posibilidad de seguir proceso en casa

 

PGR no logró acreditar delincuencia organizada, único delito grave


En las operaciones del exgobernador Roberto N para generar un quebranto superior a los 900 millones de pesos al erario de Quintana Roo, participaron cinco personas; sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) no le fincó cargos por delincuencia organizada.

Con base en el artículo 19 de la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal local, sobre los cargos federales y locales, ninguno de ellos es grave, independiente del monto de lo sustraído, por lo que tiene derecho a la libertad bajo caución.

Durante la audiencia de la madrugada del viernes pasado, el juez Enrique Beltrán Santés decretó la prisión preventiva justificada porque había un riesgo latente de que el imputado se sustrajera a la acción de la justicia, como ya lo había hecho anteriormente.

El Ministerio Público solicitó un plazo de seis meses para comprobar los 86 datos de prueba presentados durante la audiencia de vinculación a proceso que duró 14 horas.

De esta forma, agotado el plazo complementario de investigación, se pesará a la etapa intermedia para la presentación de los datos de prueba, aunque el Ministerio Público puede desistir de la acusación, se pueda garantizar la reparación del daño o ratifique la acusación.

El juez decretará el juicio oral, donde depurará las pruebas presentadas por el Ministerio Público y que después de su valoración, proceda a dictar sentencia; no se descarta que aplicando la lógica jurídica en el principio pro homine, con base al artículo 19 constitucional, el imputado alcance su libertad bajo caución, aunque quedará a criterio del juez, si le aplica ese beneficio.

Por ello, era importante que con los elementos de prueba obtenidos por la PGR sobre las presuntas triangulaciones de los recursos sustraídos y las empresas beneficiadas, se le pudiera imputar el delito de delincuencia organizada; con ello, si era encontrado culpable, enfrentaría la sentencia en la cárcel.

La PGR informó, ante el Juez de Control, que el exgobernador benefició a su progenitores con la exención de impuestos para la venta de licores, lo cual significó un quebranto de 5.2 millones de pesos.

Además, se informó que fueron creadas 13 empresas, presuntamente “fachadas”, para la compra-venta de terrenos, aunque no haya una infraestructura de producción que justifique su existencia.

Sobre la infraestructura, detalló que se practicaron las operaciones ilícitas, las cuales comprendían a contadores, abogados, secretarias del exgobernador, quienes operaron el desfalco. Pese a la detallada descripción de la labor de cada uno de los implicados, que en total sumaban cinco, no le imputó la delincuencia organizada que hubiera agravado su situación, no sólo en el proceso sino para dictar sentencia.

El pasado 4 de enero fue extraditado de Panamá por su presunta responsabilidad en el delito federal de uso de recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y aprovechamiento ilícito del poder, peculado y desempeño irregular de la función pública, del fuero común.

La PGR informó que el proceso de extradición se desarrolló con pleno respeto de sus derechos humanos y al debido proceso.