El Colegio Enrique Rébsamen, operaba con documentos en regla que avalan la seguridad estructural, uso de suelo y medidas de protección civil del inmueble colapsado tras el sismo del pasado 19 de septiembre, de acuerdo con el expediente que resguarda la delegación Tlalpan desde la construcción del inmueble en 1983.
En entrevista con Raymundo Riva Palacio, la delegada Claudia Sheinbaum, dijo que a pesar de que las certificaciones avalan que la edificación era segura, solicitaron al Colegio de Ingenieros Civiles de México, un peritaje integral tanto de la documentación como de las características constructivas del inmueble para dictaminar si en realidad el colegio estaba bien construido como lo avalaron los directores responsables de obra (DRO) o había vicios ocultos.
Señaló que la documentación completa de los permisos constructivos del inmueble fueron enviados a la institución este martes para iniciar con la revisión documental, mientras que tanto, el material de concreto colapsado no será retirado del lugar hasta que se realicen las pruebas periciales en la zona siniestrada que permitan obtener un diagnóstico de las causas que originaron el derrumbe, y de encontrarse irregularidades, los culpables podrían ir a la cárcel.
“Estamos solicitando que no se demuela, que no se lleven los escombros, hasta que este análisis sea revisado y en caso de encontrar algún problema, vamos a proceder legalmente contra el DRO y el responsable de seguridad de la obra”, señaló la funcionaria.
Respecto a la denuncia penal que presentó el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) en contra de la directora y propietaria del colegio, por supuesta documentación falsa en los permisos de uso de suelo, la delegada explicó que tenían desconocimiento de que fueran apócrifos ya que en este rubro, las delegaciones perdieron atribuciones desde hace varios años y son competencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).
Explicó que el colegio, ubicado en los predios 11 y 19 de la calle Rancho Tamboreo, en la colonia Nueva Oriental Coapa, contaban desde 1983 con licencia de construcción para un jardín de niños y dos departamentos de cuatro niveles, misma que se actualizó en 2003 con un certificado de derechos adquiridos ante la Seduvi, además de una constancia de zonificación de uso de suelo mixto, expedida antes de la Ley de Desarrollo Urbano de 1997, que le permitía construir una secundaria.
Sobre las deducciones que adjudican el derrumbe al sobrepeso del inmueble, la delegada dijo que según los dictámenes presentados por los directores responsables de obra (DRO), Mario Velarde Gámez en 2014 y Juan Apolinar Torales Iniesta en 2016, certifican que el colegio, aprobó las medidas de seguridad estructural mediante pruebas de carga, que determinaron que la edificación era segura y podía “resistir fuerzas estáticas y sísmicas”, por lo que se deben realizar una valoración de estos dictámenes ante el colapso del inmueble.
“Yo no estoy ni defendiendo a la escuela, ni defendiendo a nadie, sino que sencillamente estoy presentándoles la documentación que tenía en regla la escuela”, aclaró.
Al presentar el expediente completo del colegio, reveló que fue clausurado en 2010 y 2014, por haber iniciado obras de ampliación menores sin contar con el manifiesto de construcción vigente, sin embargo, los propietarios pagaron las multas correspondientes, pusieron en orden los permisos y volvieron a operar.
