Temen los mexicanos al robo violento y secuestro

Los mexicanos tienen miedo de los robos violentos, por ello, han modificado sus hábitos, principalmente aquellos que tienen que ver con las actividades recreativas y de esparcimiento nocturno. De acuerdo con la Decimoséptima Encuesta Sobre la Percepción de Inseguridad en México, 59 por ciento de los mexicanos tiene miedo a ser víctima de robo con violencia, mientras que 52 por ciento le teme al secuestro.

Juan Francisco Torres Landa, secretario general de la organización México Unido Contra la Delincuencia, informó que son cinco puntos los que están pendientes este año, entre los que destacan la desconfianza de los mexicanos a los cuerpos policiacos, así como la falta de políticas y estrategias para regresar al Ejército a los cuarteles. Además, una inconclusa aplicación y consolidación del Sistema Penal Acusatorio, la falta de transparencia en el proceso de selección y conformación de la Fiscalía General de la República, así como la carencia de una visión a futuro y de prospectiva sobre la legalización de las drogas.

Torres Landa informó que la confianza de los mexicanos en sus autoridades disminuyó con respecto a los dos años anteriores, donde costó trabajo revertir la percepción de inseguridad sobre 2012, año más violento en la historia contemporánea del país.

Ahora, las personas perciben la inseguridad como en 2012: tienen miedo de salir a las calles y hacer sus actividades cotidianas, sobre todo de diversión nocturna, por los escenarios de robo con violencia que se han registrado en los últimos años.

En este punto, aseguró que no sólo está incrementándose el nivel de los delitos con relación a los años anteriores, sino que la violencia en la comisión de cada uno de los crímenes es superior, y ahora el robo va acompañado de lesiones e incluso del homicidio o la violación.

Indicó que la sociedad vuelve a mostrar ese mismo temor y desconfianza en las autoridades, aunque entre las ventajas que se pueden reconocer en este año es que efectivamente hay más presencia policiaca, aunque esto no genera una percepción de seguridad en los ciudadanos, sino de aprensión.

“Es evidente el deterioro en la confianza hacia las autoridades de seguridad pública, por ello se concluye que, lamentablemente, pese a que se perciba mayor presencia de la policía, la población está menos dispuesta a colaborar con ella”, consideró el experto.

Comentó además que se ha mostrado un avance significativo entre las personas con respecto a la legalización de la marihuana y, con ello, al combate directo al crimen organizado, ya que esa lucha se da no sólo por medio de la fuerza, sino en sus finanzas, aunque todavía no es suficiente el apoyo social como para llegar a entrar en un debate nacional al respecto.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), los estados con mayor nivel de personas víctimas de algún delito son el Estado de México, Baja California, Ciudad de México, Sonora, Aguascalientes, Guerrero, Jalisco, Morelos y Quintana Roo.

Roy Sánchez, presidente de la Consultora Mitofsky, explicó que, según el censo, una cuarta parte de los ciudadanos en México no ayudaría a un policía si estuviera en riesgo, pues desconfía de las circunstancias en las que se registra la agresión, principalmente porque se podría tratar de una venganza contra el uniformado.

Explicó que, pese a la violencia y las simpatías que pueden tener los denominados “justicieros”, 54 por ciento de la población no está de acuerdo en que haya un autogobierno y que los ciudadanos se hagan justicia por su propia mano, aunque no es mucho el porcentaje de diferencia entre ambas opiniones.

Asimismo, una cuarta parte de las personas encuestadas considera que es muy fácil conseguir un arma o droga en México; pues la Envipe mostró que 43.1 por ciento de las víctimas denunciaron que sus agresores estaban armados.

El procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, reconoció que el nuevo modelo de procuración de justicia requiere una visión integral, por ello consideró indispensable que las instituciones cuenten con servidores públicos mejor capacitados y sensibles a las demandas ciudadanas.

Al firmar un convenio general de colaboración, así como un programa de trabajo, con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Cervantes Andrade refirió que para materializar el objetivo también se requiere, promover una cultura de servicio público en los profesionales que egresan de las universidades, a fin de que visualicen el servicio de carrera de procuración de justicia, como una alternativa viable y confiable para desarrollarse personal y profesionalmente.

El convenio signado pretende fortalecer las capacidades y habilidades de los operadores del Sistema de Justicia Penal, así como promover la modernización de los esquemas de enseñanza y aprendizaje en la materia.