Activos del Estado

 

Los activos pueden servir para la instalación de infraestructura de telecom


El Estado en México (que no el estado de México), es propietario de muchos bienes y derechos.El Estado mexicano es dueño de hospitales, escuelas, oficinas de Gobierno (y muchos de sus edificios), de empresas paraestatales, plataformas petroleras y miles de postes de electricidad.

Estos activos, además de usarse para los fines naturales de cada uno de ellos, pueden servir para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones.

En los postes, carreteras, vías de ferrocarril y otros, se pueden instalar líneas de fibra óptica, cable o equipos para telecomunicaciones (incluso algunas antenas pequeñas).

La Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones, entre otros temas, obligó al Gobierno Federal a hacer disponible sus recursos y bienes para que se instale infraestructura de telecomunicaciones.

La Reforma Constitucional, también obligó a todo el Estado (que incluye Gobierno Federal, estados, municipios y entes autónomos) a garantizar a la Red Compartida de Telecomunicaciones, todos los activos que sirvan a esta red para su instalación, operación y crecimiento.

Esta indicación podría parecer contradictoria, pero no lo es. La Red Compartida de Telecomunicaciones, como dice su nombre es compartida, y todos los activos que utilice, los debe compartir con los demás operadores.

Los activos que se entreguen a la Red Compartida, estarán disponibles para los demás operadores. Pero los bienes que usen otros operadores no tendrán necesariamente la misma obligación.Este tema es relevante, porque hace unas semanas, la Secretaría de la Función Pública, tomó los primeros pasos para cumplir con la disponibilidad que manda la Constitución para el Gobierno Federal, pero no consideró mucho el tema de la disponibilidad para la Red Compartida.

Lo ideal sería que en el proyecto de acceso a dichos activos, de preferencia a la Red Compartida, o al menos que antes de abrir el acceso a los activos, se espere a que se designe al desarrollador de la red, para que pueda participar en el acceso a los mismos.

Entiendo que el proyecto de la Red Compartida es una apuesta del Constituyente para mejorar el acceso constitucional a las telecomunicaciones (un derecho constitucional). Pero como tal, es obligación del Estado ejercer esa apuesta de tal forma que se gane y se logre el objetivo. Cualquier otra cosa, es un engaño al mandato constitucional.

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GG