Acuerdo es populismo autoritario neoliberal y legitima gasolinazo

 

Los compromisos de reorganización de la estructura económica del periodo 1982-2017 han fracasado


Lo importante del nuevo Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar no radica en los parecidos con pactos anteriores, sino en un hecho mayor: a treinta y cinco años de la puesta en marcha del modelo, los compromisos de reorganización de la estructura económica del periodo 1982-2017 han fracasado. Es decir, que el neoliberalismo de mercado sigue hundiendo al país en una crisis de deterioro del bienestar social.

En este sentido, el acuerdo de esta semana extiende el sentido político de los pactos del sexenio delamadridista: ejercer un espacio de control autoritario del sistema económico en una expresión que pudiera llevar a la categoría de populismo autoritario neoliberal, es decir, el aprovechamiento de los mecanismos de control político del sistema priista para imponer medidas económicas que profundizan el costo social y aumentan la desigualdad.

Esta percepción la dejó al descubierto la rebeldía de la Coparmex para aceptar el nuevo acuerdo, a pesar de que la Coparmex es un sindicato patronal que opera fuera de las instituciones patronales reconocidas por el Estado como auxiliares en diseños institucionales y porque la ha sido tradicionalmente una punta de lanza del PAN contra el Estado priista.

El valor político del acuerdo firmado en Los Pinos radicó en su contrapunto: las protestas desorganizadas en las calles por grupos y organizaciones antisistémicas y antipeñistas que tienen mucho efecto en el ánimo popular, pero que carecen de representación en el mecanismo institucional de toma de decisiones. Mientras en las calles se exigía la derogación del gasolinazo, en Los Pinos se legitimaba.

La articulación de un acuerdo con la representación institucional de empresarios, trabajadores, campesinos, organizaciones sociales y gobierno creó un espacio de decisión legal del que carecen los grupos marchistas en las calles. En este sentido, lo de menos será si los puntos del acuerdo se cumplen o si tienen resultados de control del disparo inflacionario; lo importante fue el aval al Gobierno.

La contradicción fue obvia: mientras la decisión de liberación de los precios de las gasolinas tendrá un inevitable efecto inflacionario por el alto porcentaje de participación de las gasolinas en el costo de producción y transporte, el acuerdo apenas refiere el compromiso empresarial “de coadyuvar a que no se incurra en un incremento indiscriminado de precios de bienes y servicios, evitando repercusiones injustificadas o fenómenos de especulación, particularmente en el caso de los productos que forman parte de la canasta básica”.

Este párrafo central en el acuerdo dice, en lectura dialéctica, que sí habrá aumentos de precios, que los empresarios sólo coadyuvarán –ayudar y no vigilar o comprometerse–, que habrá repercusiones justificadas en precios y que la especulación es imposible de probar. Del lado contrario, los trabajadores aceptaron no pedir aumento salarial de emergencia. En este sentido, de nueva cuenta los asalariados saldrán perdiendo.

El compromiso de mantener la estabilidad macroeconómica implica que la economía bajará su ritmo para disminuir presiones inflacionarias, a pesar del costo social producido por el PIB menor de 2 por ciento. Y el Gobierno Federal no dice algo contra la corrupción que afecta las finanzas públicas e indigna a la sociedad.

Así, el acuerdo sólo hizo irreversible el alza de gasolinas ahora y a lo largo del año y los sectores de la producción avalaron esa decisión con su firma. Por tanto, el acuerdo refrendó la legalidad del modelo económico neoliberal de mercado que ha empobrecido a las masas, mientras las calles hierven de protestas.

Política para dummies: La política es el espacio de la interpretación, no de la literalidad.