Amaga el fantasma Odebrecht

En un acto de prestidigitación muy a la mexicana, un día la Procuraduría General de la República le cierra la puerta al Sistema Nacional Anticorrupción: la investigación sobre el caso de presuntos sobornos de la brasileña Odebrecht a políticos mexicanos (en tiempos de campaña presidencial de Enrique Peña Nieto) continúa su curso, pero “no es posible precisar el tiempo” de conclusión de tales indagatorias y menos pueden ofrecerse detalles de la misma, por el “carácter reservado” del proceso.

Y 24 horas después, la autoridad le zampa un golpe a esa misma empresa. Una circular en el Diario Oficial de la Federación advierte que está inhabilitada por dos años y seis meses, y prohíbe a dependencias federales, estatales y municipales, a cualquier empresa productiva del Estado y subsidiarias participar en contrataciones con la filial en México de la Constructora Norberto Odebrecht, SA.

El veto abarca “todas las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, así como obra pública y servicios relacionados que se contraten o se realicen con cargo total o parcial a fondos federales”.

Quedan exentos de esta orden tajante los contratos ya adjudicados y los que están actualmente formalizados, faltaba más. En diciembre ya se había inhabilitado por cuatro años a la filial de Odebrecht “por realizar un cobro indebido a la empresa estatal Pemex”, por lo que hay un par de inhabilitaciones sobrepuestas.

La sorpresiva circular UR-DPTRI-AR-S-004-2018 rebasa, en lo mediático, la presunción de inocencia de la trasnacional brasileña, mientras el fondo –posibles corrupción y sobornos–, sigue en un limbo investigativo.

Excluir a Odebrecht de los contratos oficiales no es poca cosa, si se considera que en años recientes la brasileña y sus subsidiarias, como Braskem (gigantesco complejo petroquímico Etileno XXI, en Coatzacoalcos) invirtió 5 mil 200 millones de dólares y aseguró otros contratos multimillonarios a largo plazo. Mina-Trico y Ebramex, otras filiales, obtuvieron convenios por mil 574 millones de dólares. La Auditoría Superior de la Federación ha observado serias irregularidades, como sobreprecios, en algunos de esos contratos.

El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, negó haber recibido sobornos o pagos por un total de 10.5 millones de dólares por parte de Odebrecht durante la campaña de Peña Nieto en 2012 o siendo titular de Petróleos, triangulando el dinero en paraísos fiscales, como revelaron exdirectivos del consorcio brasileño que habría entregado coimas, propinas o prebendas a funcionarios africanos y de América Latina, varios de los cuales han sido acusados formalmente, destituidos o enviados a prisión.

Odebrecht quería evitar el escándalo en México y ofreció a través del despacho Requena Abogados, su representante aquí, “un acuerdo reparatorio” hasta por 20 millones de dólares, a cambio de que no se prosiguieran pesquisas comprometedoras. Dinero sobre dinero, en lugar de justicia.

El caso de Odebrecht y su oficina de sobornos, por al menos 788 millones de dólares para políticos y funcionarios de una docena de países, fue destapado en Estados Unidos en diciembre de 2016. La empresa fue multada por 3 mil 500 millones de dólares.

Argentina, Brasil, Colombia, Panamá, Perú, Angola, Mozambique, Venezuela y México son algunos países cuyos funcionarios habrían sido beneficiados a cambio de la cesión de contratos a la empresa brasileña. Vetada temporalmente en nuestro país, sigue ocultándose la cloaca detrás de la trama.