Cuando el crimen rebasa al Estado

La autocrítica es sana. Pero a destiempo puede producir resultados devastadores, más si se expresa en coyuntura de competencia electoral. Reconocer fallas graves, así no beneficia a quien considera errores, ni lo reivindica por su postura aparentemente humilde, sino que favorece el triunfo del opositor.

Ese parece ser el destino de un doble reconocimiento en la debilidad del Gobierno frente al crecimiento monstruoso de la criminalidad.

El candidato oficial José Antonio Meade expresó textualmente que en México, “el crimen ha rebasado al Estado y eso nos exige hoy dar todo para aventajar a la delincuencia, pararla en seco y devolver a la gente la paz y la tranquilidad”.

También el viernes, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció que, como cuando un deportista se aplica con entrega, sacrificio, empeño, disciplina y, no obstante, “a veces se triunfa y a veces no”, un gobierno debe admitir “cuáles son las fallas, las lecciones que nos dejan aquellas políticas que no terminan por ser suficientemente acertadas y no dan los logros y los resultados que nos trazamos”.

Ambos actos de contrición se daban en la antevíspera del primer debate por la presidencia de la República en 2018, lo cual parecía augurar una debacle para| la coalición Todos por México (PRI-Verde-Nueva Alianza), cuyo candidato permanece estático en el tercer lugar de las encuestas.

La confesión de parte a cargo de Meade se dio frente a los empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana, ante quienes prometió aceptar la propuesta de crear, de nueva cuenta, una secretaría que asuma funciones de seguridad, que en el sexenio por terminar fueron subsumidas por la Secretaría de Gobernación.

Peña lo hizo al entregar los premios Nacional de Deportes y al Mérito Deportivo, cuando dijo que la seguridad sigue siendo todavía uno de los retos mayores del país y que faltan acciones para alcanzar “condiciones de plena paz y tranquilidad”.

Antes de los golpes de pecho declarativos, la estadística confirmaba que el sexenio actual ha registrado mayor violencia que el anterior, ya que rebasó en marzo –de acuerdo al conteo del Sistema Nacional de Seguridad Pública– los 104 mil homicidios dolosos.

Más allá de la numeralia, ha permeado en la sociedad la percepción, –y luego la convicción de que los gobiernos recientes han propiciado, con su complicidad y con sus alianzas– un empoderamiento de los grupos delincuenciales, a los cuales se les han allanado caminos para su crecimiento exponencial a partir de la corrupción y la impunidad.

¿En qué difieren la autocrítica de Meade y Peña del diagnóstico catastrófico del recién reaparecido Genaro García Luna? Él escribió un libro donde afirma que el hacer desaparecer a la Secretaría de Seguridad Pública el 2 de enero de 2013 y pasar sus funciones a Segob “implicó un retroceso de más de 40 años en el modelo institucional para la atención de la seguridad… redujo el nivel de operación e interlocución de la SSP y la convirtió en una instancia de gestión política”.

Este diseño, dice implacable el extitular de la AFI y de la SSP Federal, “corresponde al modelo de los años 70, cuando el esquema de seguridad obedecía a un patrón de control social más que de combate al delito y protección a la sociedad”.

La involución policial corresponde al retroceso político, económico y social. Nada tiene qué ver con el tipo de vigilancia que los mexicanos anhelan, tomando como centro al ciudadano y no al poder que lo desprotege.