Desaparecidos, ley es sólo un papel

 

La Procuraduría General de la República le respondió a un ciudadano que no encontró información sobre casos de desaparición forzada de personas


Mire usted el país que habitamos entre tinieblas de opacidad absoluta: la Procuraduría General de la República le respondió a un ciudadano que no encontró información sobre casos de desaparición forzada de personas “con la probable intervención de personas armadas y/o de la comisión de ilícitos” diversos.

El alegato de la autoridad fue que buscó, pero no halló datos sobre autoría en el tema de desapariciones en los archivos de su Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.

Con toda razón el solicitante se inconformó con esta explicación burocrática y despectiva.

Entonces la PGR dice haber realizado una nueva búsqueda intensiva, ahora en su Sistema Institucional de Estadística. Pero, ¿qué cree? Que tampoco aparecieron los datos solicitados. Y ni asomo de información surgió, por igual, en la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Estamos hablando de un problema tan macabro y masivo que acumula ya 33 mil casos reconocidos de manera oficial de ciudadanos cuyo paradero ignoran sus familiares. Pueden ser mucho más del doble las desapariciones reales.

Es tan evidente que la PGR miente o fue omisa en su búsqueda, que el pleno de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), a propuesta de la comisionada Patricia Kurczyn Villalobos, no le creyó y revocó por unanimidad las respuestas de la PGR y le ordenó realizar otra búsqueda en todas las unidades que puedan tener los datos solicitados.

De ser verdad lo que comunica la PGR, entonces tenemos tres carabinas de Ambrosio (una Fiscalía, un Centro de Análisis y un Sistema estadístico) que consumen ingentes presupuestos sin cumplir con su cometido. Y una sola institución que nada procura, porque no consigue transmitir datos elementales de la autoría de las desapariciones de personas en un país donde éstas ya son multitud.

En el colmo de la ineptitud o el menosprecio a la ciudadanía, esto ocurre cuando aún no cumple dos meses de promulgada la Ley en materia de Desaparición Forzada de Personas, de Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, una ley que llegó a México con medio siglo de retraso.

Ya el gobierno de Enrique Peña Nieto anunció que, en lo que resta de su gestión, no permitirá el escrutinio internacional en la materia. No habrá visita oficial por parte de expertos de la ONU ni se admitirá la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas para conocer de casos individuales, anunció oficialmente la Cancillería.

Y es México el país al que más acciones urgentes sobre desaparición ha dirigido este comité: de 419 enviadas a todo el mundo en los últimos cinco años, 304 fueron a las autoridades mexicanas.

Desde marzo de 2015 Naciones Unidas concluyó que en México hay “un contexto de desapariciones generalizadas”, muchas de ellas forzadas. Caso paradigmático, los 43 normalistas de Ayotzinapa. El órgano de la ONU pidió venir a nuestro país. Pero el gobierno se ha negado y ahora pone como pretexto que ya hay un “nuevo marco normativo interno”, que hace innecesario que venga alguien de fuera a supervisarnos. El marco normativo es sólo un papel; no hay Comisión de Búsqueda; los cadáveres se acumulan en refrigeradores forenses y aparecen cada día otros en fosas clandestinas. Y un autismo perverso rechaza que vengan ojos expertos a ver este desastre.