El agua, turbia entrega

Empresas mineras, petroleras, megaproyectos hidráulicos mediante trasvases de líquido a gran escala, fracking, desarrollos turísticos e inmobiliarios y otros “proyectos modernizadores” en todo el país, extranjeros y nacionales, serán los beneficiarios de más de 40 por ciento de los cuerpos de agua liberados de históricas vedas que decidió levantar el presidente Enrique Peña Nieto mediante decretos y sin discusión en el Congreso.

Se difundió en horas recientes que son 300 de las 756 cuencas hidráulicas de la república.

Los habitantes en su conjunto, pero en especial unas 50 mil concesiones sin título actualizado o vigente, que han sido usufructuadas por comunidades indígenas o núcleos agrarios, serán irremisiblemente dañadas por trasvases de agua de una cuenca a otra, que no son sino evidentes despojos de bienes comunes, como el vital líquido, para ser llevado a centros urbanos, a los sitios turísticos y a donde lo requiera todo tipo de empresas extractivas en cualquier sitio de nuestra geografía.

Los permisos para favorecer “el uso doméstico y público urbano” recibieron el banderazo de salida mediante decretos que eliminan cualquier veda vigente. Se conceden permisos para utilizar 55 por ciento del volumen superficial de agua en territorio mexicano sobre esas 300 cuencas ubicadas en 20 estados.

Agua para Tod@s /Agua para la Vida”, organización no oficial, concluyó que los decretos publicados por el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio, permitirán a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) “garantizar los volúmenes de líquido que exigen las empresas mineras, petroleras y privatizadoras de sistemas urbanos de agua a costa de los derechos de los pueblos indígenas, núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbanos”.

Como una cubetada de agua helada cayó este anuncio de la concesión de permisos en 300 cuencas del país.

En número es 40 por ciento de las cuencas, pero concentran al menos 55 por ciento de todas las aguas de lagos, ríos, lagunas, afluentes y manantiales del país. Expertos, académicos, investigadores, ecologistas, legisladores y organizaciones ciudadanas se opusieron férreamente a que el Congreso emitiera una nueva Ley General de Aguas. Pero desde Los Pinos se decidió levantar de facto vedas y prohibiciones para, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, eliminar por decreto las limitaciones vigentes, desactivarlas para las próximas cinco décadas, y permitir la asignación de grandes volúmenes del líquido a comisiones locales del agua, varias de las cuales ya están bajo control privado.

El pretexto no pudo ser más espurio, pues se argumentó que los permisos servirán para hacer reservas de agua en áreas naturales protegidas y para beneficio de la naturaleza y el consumo humano. El jefe del Ejecutivo contó con el apoyo de World Wildlife Fund para su decisión unilateral, pues la organización participó en la selección y decisión respecto de cuánta agua y de qué calidad requiere la población mexicana en los próximos 50 años, “respetando sus usos para actividades productivas actuales y aquéllas que se habrán de desarrollar en el futuro”.

A estas alturas del sexenio y en plena coyuntura electoral, los decretos son amarres del resto de las “reformas estructurales” que marcaron al actual gobierno. Por aquello de los cambios.