El Chapo, lucha legal

Sometido en una cárcel de altísima seguridad en Nueva York, con 23 horas diarias incomunicado, Joaquín, “El Chapo”, Guzmán Loera sostiene una lucha jurídica para su liberación inmediata o por lo menos su traslado a una prisión más benigna. Escribí correctamente: liberación inmediata. Y eso porque en Estados Unidos se violaron todas las reglas del Tratado de Extradición vigente entre México y el país vecino cuando el capo mexicano fue entregado en la frontera de El Paso-Ciudad Juárez por petición de las Cortes del oeste de Texas, con sede en El Paso, precisamente, y del Sur de California, con asiento en San Diego. La del bajo Manhattan, con sede en Nueva York, a la que fue llevado en caliente, jamás lo había solicitado, pero al día siguiente de su equívoca entrega, esa Corte que no aparecía en los papeles de extradición, le fincó 17 nuevos cargos, el más benévolo de los cuales lo condenaría a prisión perpetua.

Dos empleados consulares de la embajada de Estados Unidos en México, el señor Apolonio Ruiz Júnior y la señora Brendan James Hanratty, recibieron a “El Chapo” en la frontera común, el 19 de enero de 2017, último día de gobierno de Barak Obama. Mucho se especuló sobre si fue un regalo de despedida al presidente que hizo el trabajo para llevarse a Guzmán Loera a ser juzgado en Estados Unidos o si eso fue una entrega, en charola de plata, como bienvenida a Donald Trump.

Ni uno ni otra. A México le entraron las prisas y, en menos de ocho horas, decidió deshacerse de esa papa caliente que significaba un individuo que se pudo escapar, en dos ocasiones consecutivas, de penales de supuesta alta seguridad: de Puente Grande, Jalisco, y del Altiplano, en el Estado de México, a través de un túnel de más de kilómetro y medio de cuya construcción nadie se percató en casi un año de movimientos de suelo, ruidos, acumulación de tierra cerca del penal, trabajos simultáneos de la Comisión Nacional del Agua sospechosamente oportunos ahí, a muy pocos metros de los muros carcelarios.

A Guzmán se le había trasladado del Altiplano en el centro del país al Cefereso 9 de Ciudad Juárez. Su defensa había logrado conseguir amparos lisos y llanos, algunos, contra su extradición, y otros más en revisión y para efectos. Eso no importó a la Procuraduría General de la República ni a la cancillería a la hora de entregarlo.

Los papeles de extradición obedecían a trámites que habían hecho las cortes de Texas y California. Y exclusivamente le imputaban asociación delictuosa para importar y poseer, con la intención de distribuir en Estados Unidos, cocaína. La entrega a una tercera Corte, la de Nueva York, fue totalmente ajena a los procesos de extradición.

El abogado mexicano de Guzmán Loera, Juan Pablo Badillo Soto (hay varios defensores más en México y en Estados Unidos), afirma en un escrito a la embajadora Roberta Jacobson, que la Corte de Manhattan “resulta ser incompetente para juzgarlo, ya que carece de legitimación procesal activa para hacerlo; todas sus actuaciones jurisdiccionales son nulas de pleno derecho, por estar viciadas de origen”.

Pero en Manhattan le imputan a Guzmán homicidio, uso ilegal de armas, conspiración, lavado de dinero, tráfico de drogas, entre 17 delitos graves que no le notificaron. El artículo 35 del Tratado de Extradición ordena poner en libertad a quien quede a disposición del país reclamante y pasen 60 días “sin hacerse cargo de él”. Soñar no cuesta nada. En esos vericuetos transitan “El Chapo” y su defensa.